Irán reconsidera la pena de muerte por delitos de drogas

La Comisión de Justicia del Parlamento iraní ha dado su visto bueno a una propuesta para sustituir por hasta 30 años de cárcel la pena de muerte en la mayoría de los delitos relacionados con drogas. La decisión, anunciada por el diputado y presidente de esa comisión, Hasan Nuruzi, debe someterse ahora a la votación del pleno y ser ratificada por el Consejo de Guardianes, una especie de Cámara alta integrada por 12 juristas designados. Aunque ese proceso puede llevar algún tiempo, cuenta con un amplio respaldo de las élites gobernantes.

La medida, que no es la primera vez que se suscita en el Parlamento, es parte de un proyecto de ley de reforma del Código Penal que se viene debatiendo desde hace algunos años e intenta reducir el número de ejecuciones por tráfico, posesión y consumo de drogas. No obstante, el proyecto mantiene la pena capital para quienes sean condenados por pertenecer a bandas organizadas y armadas de narcotraficantes.

Irán es el país con mayor número de ejecuciones per cápita del mundo (en números absolutos es superado por China, pero este tiene casi 20 veces más población). En 2015, fueron cerca de un millar, según la ONU, aunque el año pasado se han reducido un 40%. La mayoría de los condenados a muerte lo son por delitos relacionados con drogas y narcotráfico, incluso cuando no hay violencia de por medio. Las autoridades han comprendido tanto que el castigo no está ayudando a reducir el problema, como la mala imagen que les genera en el exterior. “Tenemos que encontrar un método mejor de luchar contra las drogas. Es posible que las ejecuciones no sean el único camino, o que el alto número de ejecuciones no tenga el resultado deseado. Recomendamos que se reconsidere la actual legislación”, declaró el año pasado el secretario del Consejo de Derechos Humanos de Irán, Mohammad Javad Lariyaní. También Abdolreza Rahmani-Fazli, ministro del Interior, ha hablado de la necesidad de revisar el castigo a los condenados por drogas. Incluso Gholam-Husein Mohseni-Ejei, el conservador vicejefe del Poder Judicial, apoyó esa idea.