Otro modelo laboral

El próximo Gobierno tendrá que enfrentarse a muchas decisiones urgentes y a varias importantes para sostener el crecimiento a medio plazo. Una de las más relevantes, porque implica el modelo de contratación y de rentas, será aclarar qué tipo de mercado laboral necesita la economía. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año indica que el modelo implantado por la reforma laboral no resuelve los problemas estructurales del empleo. Ha permitido la supervivencia de empresas dañadas por la crisis y ha reducido los costes laborales, pero se ha precarizado la contratación. La buena noticia es que el desempleo sigue descendiendo —por efecto del turismo y la hostelería—, hasta el punto de que la tasa de paro ya es inferior al 20% (18,9%) por primera vez en los últimos seis años. Pero las estadísticas no bastan para describir y comprender la realidad; además de que el índice sigue siendo el más elevado de la Unión después de Grecia, los problemas del paro juvenil, de la larga duración y de la temporalidad (la tasa ya es del 27%) se han enquistado y frenan las oportunidades de crecimiento.

Con tasas elevadas de desempleo juvenil, más de 2,5 millones de parados de larga duración y una legislación laboral que castiga la confianza en el salario a medio plazo no se puede sostener una reactivación. Y podrá comprobarse en 2017, cuando cesen los efectos del petróleo barato y el euro débil. Con un paro estructural elevado tampoco es posible un patrón de crecimiento distinto del actual, dependiente de la construcción y del turismo. El nuevo Gobierno tendrá que optar entre mantener un modelo económico que evoca aquella España como país de camareros y albañiles, sostenidos mediante una contratación precaria y con un coste público muy elevado de desempleo, o construir un mercado laboral más estable, más flexible y mejor dispuesto para distribuir las ofertas de trabajo disponible.

El nuevo mercado de empleo debería ser coherente con decisiones económicas a medio y largo plazo (más inversión pública y privada en productos con mayor valor añadido, aumento del tamaño medio de las empresas, reducción de los costes de producción), una fiscalidad distinta y una concepción administrativa más ágil.

Pero estos son objetivos a medio plazo, que exigen reformas coordinadas en los mercados y en la Administración. A corto plazo, con urgencia, el mercado laboral necesita decisiones drásticas sobre oferta y demanda de los puestos de trabajo existentes. Para ello, es imperativo convertir las oficinas de empleo en centros efectivos de colocación; simplificar la contratación laboral (Bruselas tiene varios modelos que ofrecer); considerar variantes o adaptaciones de financiación pública parcial de los salarios cuando las empresas viables se enfrenten a una recesión; y estimular la creación inmediata de empleo no mediante exenciones fiscales, bonificaciones a la cotización y tarifas planas (financiadas en último extremo con la hucha de las pensiones), que ya han demostrado su ineficacia, sino mediante políticas de estímulo de la inversión y del consumo. Con el acuerdo de los agentes sociales. Y todo eso, si es con dinero público europeo, mejor.