Candidato Otegi

La izquierda abertzale daba por supuesto que la presencia en la campaña para las elecciones del 26-J de su líder Otegi, salido de prisión en marzo tras seis años y medio de reclusión, reforzaría sus expectativas electorales. No ocurrió, pero la apuesta fue trasladada a las autonómicas de septiembre, en las que comparecería como candidato a lehendakari. Para ello tendría que superar la segura impugnación por la Fiscalía de su candidatura en aplicación de la pena accesoria de inhabilitación para cargo público y ejercicio del sufragio pasivo que incluía la condena.

Los abogados de Otegi sostienen que esa inhabilitación no puede aplicarse porque la sentencia no precisaba para qué cargos quedaría inhabilitado, y existe un antecedente en que esa laguna permitió a un expreso de ETA inhabilitado ser candidato y ocupar su escaño en Vitoria. El asunto ha sido convertido en bandera electoral por EH Bildu, que lo presenta como un ataque a su libertad para elegir su candidato a lehendakari. Pero también por algunos partidos que consideran que ver a Otegi de candidato sería“una burla a las víctimas”.

El tema tiene gancho para el electorado abertzale (tentado de irse con Podemos) porque en el inicio del caso está una condena en 2011 a diez años, luego rebajada a seis y medio, con un fundamento que el tiempo ha desmentido. Se acusaba a Otegi y los demás procesados del caso Bateragune de pretender reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo las órdenes de ETA. Pero hoy se sabe que ese intento implicaba la exigencia de poner fin a la violencia, cosa que efectivamente ocurrió, lo que deja sin sentido la acusación inicial.

Es eso lo que refuerza la posición de Otegi cuando alardea de que ni los “tribunales, ni el Estado, la Guardia Civil y el Ejercito” impedirán su candidatura. Pero sería un error convertir una cuestión eminentemente jurídica, que corresponde dilucidar a los jueces, en motivo de enfrentamiento entre partidos democráticos.