¿Dónde guardamos un rascacielos?

En el último pleno de 2014, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una llamativa disposición que le llegaba rebotada de la Comisión Regional de Patrimonio Histórico. El edificio España —durante décadas el rascacielos más alto del país, inaugurado en 1953— debía perder su protección urbanística estructural: el interior podría ser derribado por sus dueños para hacer lo que quisieran. Nuevos tiempos, nuevas necesidades, se felicitaron los ediles. La estructura y materiales con los que fue erigido en los tiempos en que España aspiraba sin éxito al Plan Marshall (los niños de entonces en vez de New Balance llevaban alpargatas y los edificios se construían con cemento mezclado en mitad de la calle) no parecían los más adecuados para una ciudad que ahora hacía gala de sus superestructuras (6.000 millones de deuda).

Solo sería necesario, en caso de querer rehabilitarlo, mantener la fachada. Es decir, el Consistorio que encabezaba Ana Botella demostró que lo que estaba protegido se podía desproteger sin problemas. Pero, ¿para qué se protegió entonces? La testuz del mastodonte de ladrillo y piedra que da a la céntrica plaza de España tiene 113 metros de altura, pero solo 30 centímetros de grosor. La entonces delegada de Urbanismo justificó la desprotección diciendo que como la torre estaba muy degradada al llevar años deshabitada, permitir que solo se salvasen sus caras pétreas era “de una sensatez obvia desde el punto de vista de la garantía jurídica”. Del aspecto técnico no mencionó nada, lo cual no extraña ya que no se conoce en el mundo ciudad que haya sido capaz de mantener una fachada así —la superficie de un campo de fútbol— sin que termine siendo un castillo de naipes. Pero todo es posible, también es verdad.

Unos meses antes, el multimillonario Wan Jianlin —una de las mayores fortunas de China— lo había adquirido al Santander, que a su vez se lo había comprado a la constructora Metrovacesa. Jianlin quería levantar en el interior apartamentos, comercios y un hotel. Todo de lujo. El Ayuntamiento lo veía bien, hasta que alguien cayó en la cuenta —después de haber pagado 265 millones— de que ni desprotegiéndolo era factible la reforma técnicamente. Un fallo lo tiene cualquiera. Había que desmontarlo piedra a piedra, y luego reconstruirlo.

Entonces se lo comentaron a la nueva alcaldesa, Manuela Carmena, que puso cara de circunstancias. “¿Y ahora qué hacemos?”. “Pues mantener la legalidad”, vino a sentenciar la exjueza.

Imagínense cómo se mantiene en pie una superficie mayor que el césped del Bernabéu puesta de canto y en mitad de la plaza de España. No vale pensar en unos inmensos tirantes que la sostengan, porque eso obligaría a que estos tuvieran que ser anclados casi en el Salón del Trono del Palacio Real o en el despacho de Rajoy en La Moncloa. “Pues nada, lo desmontamos y lo volvemos a levantar”, replicaron los asesores. “Ya, ¿y dónde se guardan las miles de toneladas métricas de ladrillos y piedras protegidas?”. “No es problema. Ya buscaremos una solución. Como con las fachadas”. Y sonrieron.