Argentina, en la calle

Las 400.000 personas que el miércoles salieron a las calles de Buenos Aires —y varias decenas de miles más en otras ciudades de Argentina— son la constatación de que la sociedad no está dispuesta a pasar página sin más en la muerte del fiscal Alberto Nisman. Nisman investigaba el atentado antisemita contra la AMIA en 1994 y, además, a la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de los responsables de una matanza que costó 85 vidas. La presidenta, formalmente imputada por el fiscal sucesor de Nisman, no tendrá fácil despachar sin consecuencias lo que ya es el mayor escándalo de su mandato.

No hay que perder de vista que la del miércoles, una de las manifestaciones más masivas que ha vivido la capital argentina, fue convocada por apenas un grupo de fiscales. Personas en la práctica desconocidas para el gran público y que, desde luego, no dispusieron de los grandes medios logísticos de las convocatorias políticas, que en el caso del kirchnerismo suelen ser casi ilimitados. Mientras se desarrollaba la manifestación, la televisión pública transmitía programas infantiles.

Es más, los fiscales fueron puestos bajo el fuego del discurso oficialista en unos términos poco justificables en una democracia. Que el jefe de gabinete de la presidenta califique de “golpismo judicial activo” la convocatoria de una manifestación silenciosa, sin consignas políticas, revela el grado de agresividad que el Ejecutivo argentino adopta contra todo aquel que duda en público del discurso oficial. El autor de la frase, Jorge Capitanich, es el mismo que hace unas semanas rompió en público un ejemplar del diario Clarín por una información que resultó ser cierta: que Nisman sopesó ordenar la detención de la presidenta.

La gravedad de los hechos hace que los sucesivos cambios de opinión de la presidenta, primero, y su encastillamiento posterior no logren sino profundizar el divorcio entre la mandataria y gran parte de la sociedad, para la que las acusaciones del fiscal fallecido en extrañas circunstancias son dignas, al menos, de ser estudiadas.

Argentina es una democracia moderna y sus ciudadanos merecen explicaciones concretas y no constantes discursos televisivos —que por ley todas las cadenas son obligadas a retransmitir— caracterizados por una mezcla de cifras económicas intrascendentes y desdén hacia quien no comparte la opinión oficial. La sociedad civil merece, espera y exige una respuesta.