Parche autonómico

Las comunidades autónomas y los Ayuntamientos (instituciones que constituyen el Estado) afrontan un problema crónico de financiación que es particularmente grave en el caso de los Gobiernos autónomos. Es cierto que las autoridades regionales presentan numerosos casos de despilfarro y tropelías financieras que han castigado con enormes cargas de deuda a sus ciudadanos; pero el hecho es que cuarenta años de financiación pública deficiente no han limitado el derroche. El Gobierno sabe que el sistema autonómico necesita una reforma que asegure los ingresos según criterios racionales, que es urgente y que mientras no se aborde la raíz del problema todos los años se presentarán dificultades, agravadas además por la crisis.

Las propuestas presentadas el martes por Hacienda sólo son un parche circunstancial. Claro que es mejor que nada tener un Fondo de Liquidez Autonómica que preste 28.000 millones a tipo cero a las comunidades que no han cumplido con el déficit; pero no es la solución deseable, sino un intento de aliviar la presión sobre las cuentas regionales. Cierto que los créditos de Facilidad Financiera a las comunidades cumplidoras o el Fondo Social (un poco escaso) mejoran parcialmente la situación. Pero de lo que se trata es precisamente de organizar un sistema fluido y permanente de ingresos que evite la discrecionalidad y los fondos excepcionales.

Pero, además, el sistema de Fondos se ha propuesto con poca habilidad. Es evidente que los créditos a tipo cero son una quita de la deuda que beneficia a las comunidades incumplidoras y que perjudica a las que se han esforzado en ajustar su déficit. Las protestas de Madrid y Andalucía están justificadas, aunque se les puede reprochar una cierta exageración. Este tipo de discriminación no debe existir; y si existe, debe explicarse. Porque obliga a nuevas compensaciones que construyen una espiral de discrecionalidades. Otra razón para reclamar una reforma de financiación.