Tomar la iniciativa

La sesión prevista para el martes en el Congreso de los Diputados no dará satisfacción a la propuesta del Parlamento catalán para organizar un referéndum, porque las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso no pueden ni deben aceptar el camino que Convergència i Unió y Esquerra Republicana han tomado de forma unilateral, sin negociación, con plazos perentorios y escaso interés por demostrar un respeto estricto a la legalidad. Sin embargo, el debate previo a esa votación tampoco debe limitarse a un trámite tan obligado como inútil, tras el cual unos sigan el camino secesionista y otros se limiten a la interpretación inmovilista de la Constitución.

Si eso es todo lo que ocurre el 8 de abril, se habrá perdido lamentablemente el tiempo y se habrá dado un nuevo paso hacia la situación indeseable del enfrentamiento entre la voluntad de los soberanistas y la del conjunto de los españoles, incluidos todos aquellos que viven en Cataluña y desean seguir juntos con los demás españoles.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sugiere emprender otro camino. Por una parte cierra la puerta a la soberanía proclamada unilateralmente por el Parlamento catalán, y en ese punto conforta la posición del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero también abre la posibilidad constitucional de un “derecho a decidir” como “aspiración política” a la que se puede llegar mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. El tribunal la considera legítima, siempre que no se identifique ni con el derecho de autodeterminación ni con la atribución de una soberanía de la que carece, por sí sola, la ciudadanía catalana.

Sería inaceptable que la sesión del próximo martes en el Congreso se convirtiera en un frontón en el que rebotaran los argumentos de unos y otros. El Tribunal Constitucional ofrece la salida cuando señala el carácter político del problema planteado y la imposibilidad de que sea el propio Constitucional el que lo resuelva, como se le ha exigido en otras ocasiones. Eso corresponde a las fuerzas políticas, y especialmente a los dos grandes partidos y a los nacionalistas. Por unanimidad, los jueces constitucionales afirman que debe hacerse “mediante el diálogo y la cooperación”, limitando su propia función a la vigilancia de que los procedimientos sean constitucionales. Tampoco tiene sentido perderse en bizantinismos sobre el carácter consultivo o decisorio de una consulta, porque todos los referéndums son consultivos, como dice al artículo 92 de la Constitución.

El Congreso, donde se sientan los representantes de la soberanía, puede afinar una salida positiva para una sesión que muchos querrían reducir a un simple portazo. De ningún modo se debe seguir alimentando la demagogia de los bloqueos ni de los chantajes. El debate del martes solo será serio y útil si alumbra el compromiso de avanzar por la senda del diálogo.