Sanidad a resguardo

La sanidad pública española salvó ayer con éxito un importante desafío. El proyecto de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de seis hospitales amenazaba la línea de flotación de uno de los mejores sistemas públicos de Europa, además de uno de los más apreciados por los ciudadanos. Poner en manos privadas la gestión sanitaria que perciben más de un millón de personas abría una brecha en el sistema. Y con un trasvase a las empresas de instalaciones, servicios, profesionales y conocimientos sufragados por entero con dinero público, un trasvase que trataba de llevarse a cabo, según ratifican los jueces del Tribunal Superior de Justicia, a través de un procedimiento irreversible, con perjuicio a los profesionales y con un concurso de adjudicación con suficientes sospechas de irregularidad como para ser considerado nulo en un próximo futuro.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha desoído durante meses la impresionante movilización en contra de su proyecto. Las llamadas mareas blancas han paralizado quirófanos y consultas. Las protestas alertaban del temor a que un servicio público tan esencial perdiera calidad al quedar regido no por las necesidades asistenciales, sino por las pautas de rentabilidad que, por lógica, debían aplicar las empresas. González ha hecho oídos sordos también a las resoluciones de los jueces, que venían advirtiendo de los graves problemas que acarreaba una privatización realizada, además, sobre la base de argumentos de eficiencia y ahorro nunca demostrados y con procedimientos poco rigurosos.

Una vez que el tribunal rechazaba ayer la opción de levantar su paralización, enterrar el proceso —de una envergadura que tiene pocos precedentes—, era la consecuencia lógica. Pero no la única. González, que heredó el puesto tras la retirada de Esperanza Aguirre, hizo dos importantes apuestas: Eurovegas y el ahorro en sanidad con el euro por receta y la privatización sanitaria. Perdidos todos los órdagos, González sacrifica a su consejero de Salud, Javier Fernández-Lasquetty, en un intento de minimizar daños.

Junto a la educación, la sanidad pública, en la que, por supuesto, hay margen de mejora sin cuestionar su titularidad, es el capítulo presupuestario más voluminoso que gestionan las comunidades autónomas. La de Madrid no es la única en la que los políticos se han servido de ella para poner en marcha la puerta giratoria (el trasvase de cargos de lo público a lo privado) y tampoco la única que ha visto en la privatización un método fácil de favorecer a ciertas firmas y desentenderse de los problemas que acarrea un servicio sanitario. Pero Madrid ha pretendido ser el alumno aventajado de una suerte de ideario adaptado a las circunstancias, que no cree en la libre competencia y confunde los criterios privados de gestión con el vaciamiento de lo público. El resultado es una derrota sin paliativos a una forma de entender la política.