La culpa ha sido del barco

A primera vista, la sentencia del desastre del Prestige, que supuso unas pérdidas económicas y medioambientales incalculables, decepciona. No hay culpable, puesto que se absuelve a los tres acusados: el exdirector de la Marina Mercante, el capitán del barco y su jefe de máquinas.

Pero en la noticia, llama la atención lo que falta, los silencios. Dejando de lado que la responsabilidad política va más allá del citado exdirector, la responsabilidad corporativa va, sin duda, mucho más allá de los marineros. ¿De quién era el barco? ¿De quién era el crudo? ¿Del capitán? ¿Del jefe de máquinas? No me hagan reír. Aquí falta, mínimo, una empresa, aquella que se responsabilizaba del transporte del crudo. Por no hablar de la petrolera, que es corresponsable, siempre que no se trate de la misma compañía.

No se habla de los propietarios del desastre, un barco deficiente cargado con 77.000 toneladas de crudo paseando ufano por las costas gallegas, tic-tac, tic-tac.

Los culpables nunca se han sentado en el banquillo.— Lluís Camps Puigsubirà. Barcelona.

Que España ha ido a peor es algo obvio. Aquel ministro del Interior que afirmara por entonces, dando muestras de su incompetencia, que la catástrofe sufrida en nuestras costas no excedía de unos “hilillos de plastilina”, es hoy el que lleva el timón de España, es nuestro ilustrísimo presidente. Y la culpa de que nos hundamos, obviamente no es ni suya, ni de sus decisiones, ni de su partido. La culpa es, cómo no, del barco que está en mal estado.

“El liderazgo es acerca de tomar decisiones, no de poner excusas” (Mitt Romney).— Andrés Gago Núñez. Vigo, Pontevedra.

En A Coruña, según la ordenanza municipal sobre tenencia de animales, si su perro defeca en la vía pública y usted no recoge la caquita, se tipifica como falta leve y supone una multa de entre 30 y 300 euros.

También en A Coruña, esta vez según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, si usted llena de mierda 1.600 kilómetros de litoral, se carga la fauna marina y la limpieza cuesta al erario público más de 4.000 millones de euros, se considera una catástrofe inevitable, sin culpables, y la multa es de 0 (cero) euros.— David Lacasa Martín. Ponferrada, León.