Más flexibilidad
China suaviza las restricciones demográficas y toma medidas más acordes con la apertura
El Comité Central del Partido Comunista Chino desveló el viernes, a través de la agencia oficial Xinhua, algunos de los cambios sociales que prepara para el país y que debatió a puerta cerrada hace una semana. Ninguno de ellos supone una modificación radical para la sociedad china, pero todos perseveran en la apertura económica iniciada hace dos décadas y emprenden un cierto camino de modernidad social, acorde con dicha apertura. Para ello, dosifica algunas cesiones de libertad en línea con lo que venían exigiendo las organizaciones no gubernamentales, los países occidentales y la propia sociedad china.
La medida más inesperada es la eliminación de los campos de reeducación en los que, según algunos cálculos, aún permanecían presas y sin juicio unas 300.000 personas. También es importante el anuncio de frenar las torturas y limitar la pena de muerte a un menor número de delitos. Son pasos en la buena dirección para un país campeón mundial en la pena capital y que vulnera de manera sistemática los derechos humanos.
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Terminar con las restricciones de movimientos demográficos y relajar la política de hijo único son, quizá, las decisiones de mayor impacto. De manera controlada, como gusta a los dirigentes chinos, tales decisiones afectarán a cientos de millones de personas y pueden ser el principio del fin de una política, como la del hijo único, que es singular en el mundo. Impuesta en 1979, cuando la población china rozaba los 1.000 millones de habitantes, ha contenido la temida explosión demográfica del país, el más poblado del planeta con 1.360 millones de personas; pero ha limitado las libertades personales y ha supuesto una gran desigualdad, por cuanto las élites podían eludir la prohibición pagando las multas establecidas. Detrás de la iniciativa se encuentra la necesidad de superar el riesgo económico de una población envejecida que el pasado año redujo por vez primera su fuerza laboral.
Se anuncia también un impuesto medioambiental del que no hay más concreciones, pero que indicaría una mayor sensibilidad ante la catastrófica contaminación del aire y del agua que sufre el país. Un movimiento necesario y urgente en el más importante emisor de gases de efecto invernadero, que rechaza cualquier compromiso de reducción y que trata de duplicar la renta per capita en un tiempo récord.
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