Pensiones a debate

La viabilidad del sistema público de pensiones está siendo seriamente cuestionada, en primer lugar, por la severidad de la crisis económica. La evolución demográfica es el otro factor de naturaleza estructural que contribuye, aunque en menor medida, a cuestionar la sostenibilidad del sistema. Abordar su reforma, adecuar el gasto en pensiones a los ingresos, es una condición de todo punto necesaria. El informe que el Gobierno encargó a un grupo de expertos, antes de iniciar la negociación con los agentes sociales, define las condiciones de revisión de la cuantía a percibir por los pensionistas. A finales de septiembre debe estar lista la reforma, tal como exige Bruselas, impaciente ante su lentitud.

La conclusión más concreta ha sido que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, las pensiones dejarán de tener garantizada su actualización en función de la inflación, tal como ocurría desde comienzos de los noventa. Desaparece el automatismo que incrementaba las pensiones en función del índice de precios al consumo (IPC). En su lugar, los expertos proponen una fórmula de actualización anual automática que tome en consideración básicamente la situación financiera del sistema. Existirán límites a las bajadas, atendiendo a la “suficiencia” de las mismas y un límite a su incremento cuando la situación financiera de la Seguridad Social mejore, constituido por el propio IPC. Es decir, en el mejor de los casos, no necesariamente el más probable, las pensiones recuperarán la erosión producida en el poder adquisitivo que mide ese índice de inflación. Para la estimación de las pensiones a percibir se aplicara un “factor de sostenibilidad” que se articula en torno a una primera fórmula que trata de adecuar las pensiones a la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Si se aplicara hoy, las pensiones bajarían en términos reales.

El segundo mecanismo de cálculo, la otra fórmula, ajustará las prestaciones de los que se jubilen tras la entrada en vigor de la reforma en función de la esperanza de vida de esos nuevos pensionistas. El resultado final no puede ser otro que la reducción del gasto correspondiente, afectando no solo a los futuros pensionistas, sino también a los ya existentes.

Las reformas y ajustes que impone esta crisis recaen en parte sobre quienes menor capacidad defensiva tienen, y en un momento ciertamente adverso; son quienes disponen de menor margen de maniobra para complementar esa insuficiencia con su propio ahorro. Pero no es menos cierto que abordar el desequilibrio financiero de la Seguridad Social es una prioridad básica, con bastante independencia de las exigencias de las instituciones europeas. Y las propuestas formuladas por ese grupo de expertos, aunque no se han esmerado en la búsqueda de explicaciones sencillas, deben ser tenidas en cuenta. Es de esperar que la negociación que ahora se abre mejore la comunicación del propósito esencial —corregir el desequilibrio financiero— y amortigüe el impacto en las pensiones de cuantía más baja.