Protestas fundadas

Las decisiones de recorte del gasto del Gobierno central y las políticas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP están deteriorando la calidad de la sanidad pública. Los ciudadanos advierten clara y dolorosamente ese deterioro y están organizando protestas masivas con resultados exitosos. Gracias a la protesta de los profesionales de la medicina, el Gobierno autónomo de Madrid ha tendido que desdecirse, aunque de forma confusa, de su decisión de convertir el hospital de la Princesa en un centro geriátrico. Ayer, miles de discapacitados se manifestaron para protestar por los drásticos recortes presupuestarios a la Ley de Dependencia. Los más bien escasos avances sociales conseguidos hasta 2008 para proteger a las personas con discapacidad están siendo destruidos por las reducciones indiscriminadas de gasto público o el impago de los compromisos adquiridos.

La sensación de desprotección que tienen los ciudadanos se agrava debido al oscurantismo con que se están aplicando las nuevas políticas sanitarias. Las declaraciones de los portavoces autonómicos, que bien pueden calificarse de retórica sin cuantificar ni fundamentar, se limitan a repetir que la privatización de la sanidad pública no repercute en la calidad del servicio a los ciudadanos. Pero los usuarios de los centros médicos saben bien que no es así, que las consultas y las medicinas se encarecen por las fórmulas de copago y el pago parcial por recetas y que el número de beneficiarios de la medicina pública empieza a disminuir rápidamente. Por otra parte, la privatización de la medicina no es una política inocua o neutral en términos económicos. El trasvase de directivos de la sanidad pública a la privada, y viceversa, la conocida puerta giratoria entre el Estado y el mercado que las insuficientes leyes españolas intentan cerrar con ineficaces normas de incompatibilidad, indica que la privatización de la sanidad es una decisión firme de los Gobiernos del PP y que los recortes del gasto público están acelerando el cumplimiento de ese objetivo.

Los ciudadanos, con razón, sospechan que la prioridad no parece ser la de mantener un buen servicio sanitario público en una coyuntura de restricciones presupuestarias, sino cumplir con los recortes de gasto público por encima de cualquier otra consideración y segregar parcelas de la sanidad en beneficio del negocio privado. La mayoría es consciente de la necesidad de reducir el gasto público y se siente solidaria con esa exigencia. Pero los ajustes se han ejecutado hasta ahora con discutibles criterios y prioridades. Los servicios públicos, como la sanidad o la educación, pueden soportar recortes si así lo requiere el hundimiento de los ingresos del Estado y la obligación de reducir la deuda, pero el límite que no puede franquearse es que, por una gestión indiscriminada o torpe, tales recortes pongan en peligro la salud de los ciudadanos o comprometan su futuro profesional con una educación mediocre.