Padres en huelga

Si hay algo que preocupa a la mayoría de los padres es poder ofrecer a sus hijos una educación de calidad que les prepare para enfrentarse a la vida cuando sean adultos. Los recortes aprobados en los presupuestos educativos —estimados en casi 6.000 millones entre 2010 y 2013— están haciendo mella en las aulas, y eso es algo que las familias acusan rápidamente. Hasta el punto de que los colegios públicos vivieron ayer una situación inédita en España: una huelga de padres en protesta por los recortes y en defensa de un sistema público de calidad.

Pese a los intentos del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de argumentar que los recortes no afectan a la calidad de la enseñanza, los padres han visto que el curso comenzaba con menos profesores y más alumnos por clase, cómo desaparecían los profesores de refuerzo y cómo dejaban de cubrirse las bajas por enfermedad. Muchas familias han sufrido también los ajustes en sus propias economías al recortarse drásticamente las ayudas para libros de texto y otras necesidades. El propio ministerio ha reconocido que más de 500.000 alumnos dejarán de recibirlas este curso.

Las cifras globales del presupuesto indican claramente la dimensión del problema. El gasto público para este curso (50.448 millones de euros) es similar al que hubo en 2008, pero en las aulas hay 800.000 alumnos más que entonces. Y aunque el ministro pretenda que los recortes no aumentan la relación de alumnos por clase, sino que la “flexibiliza”, si hay más alumnos y menos profesores el concepto de flexibilidad solo puede ser en este caso al alza.

Los recortes en el sistema público de enseñanza coinciden además con dos fenómenos incipientes, pero significativos, con los que no se contaba y que son una consecuencia directa de la crisis: el retorno a los centros de formación profesional de muchos alumnos que en los años de euforia abandonaron los estudios para trabajar y ahora están en paro; y el trasvase paulatino hacia los centros públicos de alumnos de los centros privados y concertados cuyas familias no pueden seguir soportando, a causa de la crisis, los costes adicionales que se les exige en esos centros.

Este es el panorama que ha llevado a un notable número de padres —las cifras de participación, como es habitual, son dispares— a expresar su malestar dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Y la respuesta del ministro ha sido menospreciar sus preocupaciones y tachar a esos padres de irresponsables. Las declaraciones del ministro se convierten con demasiada frecuencia en motivo de alarma. Primero fue displicente con los rectores de las universidades, que le respondieron con un plante; luego se enfrentó con los docentes y ahora acusa a estos padres de exagerar las consecuencias de los recortes y de perjudicar con la protesta a sus propios hijos. De un ministro de Educación se esperan mejores formas.