Prescripción de delitos

No es posible que después de tres o cuatro años de investigaciones, después de que anticorrupción haya solicitado reiteradamente imputar a varios sospechosos de incurrir en delito en el caso Gürtel, que se hayan demorado injustificadamente y después de que los españoles hayan dejado sus erarios financiando a la justicia con el fin de que se llegue al final de la cuestión y de que se depuren las responsabilidades correspondientes.

Ahora, resulta que hay algunos abogados defensores que esgrimen la prescripción de los delitos como defensa. Si fuera el caso, habría que depurar responsabilidades dentro de la judicatura, de los empleados de justicia y de la fiscalía, cuando no de políticos corruptos que tienen el poder suficiente para influir en los procesos judiciales. Esto es realmente intolerable.

Es curioso que las prescripciones sean mucho más numerosas en casos de políticos, altos funcionarios, banqueros y celebridades que en el caso de los ciudadanos de a pie, a quien nos afectan con celeridad sus leyes de juicios rápidos, donde el derecho a un juicio justo llega al esperpento, si no a la simple imposición de la ley sobre la presunción de inocencia, con la premisa de la amenaza y el castigo consecuente, utilizando los mínimos recursos posibles para aliviar de trabajo a los juzgados.

La prescripción no otorga un estatus de inocencia, sino la amnesia permanente del delito por parte del Estado simplemente por el tiempo transcurrido, un caparazón jurídico que alienta la demora de los juicios cuando hay alguien que tiene el poder de posponerlos. Pero tratándose de políticos, el Estado, o sea la congregación de los ciudadanos en pos del bien común, no puede obviar la esencia de los hechos y por tanto repudiar moralmente al culpable con delito prescrito.

Estas prescripciones provocadas por la “in-justicia” del sistema jamás serán dignas, jamás serán ejemplares y jamás serán justas.— Francisco Vicente Agulló Sánchez.