Precedente argentino

El anuncio de la presidenta de Argentina de nacionalización del 51% de YPF, filial de la española Repsol, está cargado de consecuencias de diversa índole, no solo económicas, cuyo saldo final será fatalmente adverso para la economía de aquel país. El efecto más inmediato y evidente es la renovada desconfianza con la que cabe contemplar las instituciones que gobiernan el país y las políticas que aplican. En las relaciones económicas internacionales actuales, la ausencia de riesgo regulatorio es la condición necesaria para beneficiarse del elevado grado de integración económica y financiera global, de la movilidad internacional de los flujos de inversión. Y Argentina necesita inversión, no solo por la propia aportación de los flujos de capital, sino por la necesidad de incorporar técnicas de gestión y prácticas homologables con las economías modernas. Una expropiación como la de YPF no solo es contraria a una gestión económica democrática, sino que reduce las posibilidades de bienestar de la población y de mejora de la calidad empresarial.

El nacionalismo económico, aunque de fácil recurso por algunas tradiciones ideológicas y algunos gobernantes, es uno de los enemigos del crecimiento económico. La experiencia dice que el proteccionismo tampoco acaba siendo rentable políticamente. Es verdad que a tenor de la tibia reacción diplomática en EE UU y la UE, el Gobierno argentino puede considerar que los costes externos de esa decisión no serán tan elevados como cabía suponer. Más allá de los apoyos explícitos a España de Reino Unido y México, los demás países que cuentan en la escena global han optado por mirar hacia otro lado. A las autoridades españolas debe preocuparles mucho más la parquedad europea. La retórica de la integración económica y política europea sigue sin expresarse en actuaciones concretas. Y esta era una oportunidad para ilustrar que la UE es algo más que una colección de países con un mercado común. En esta ausencia de apoyo significativo a España habrá influido probablemente la torpeza negociadora de las autoridades españolas e incluso el amago de Repsol de vender YPF a capital chino antes de la expropiación. Conviene que se aclaren suficientemente unos y otros, porque no es esa la única empresa con importantes inversiones en aquel país.

Argentina es el tercer país, detrás de Brasil y México, por valor del stock de inversión directa española. España seguía siendo el principal inversor extranjero. Casi la totalidad de las empresas más importantes y de mayor capitalización bursátil de nuestro país tienen intereses en aquel país, a pesar de la menor intensidad que han registrado los flujos de ese tipo de inversión en la última década. Sería un error minimizar la significación de la nacionalización amparándose en el descenso de los flujos comerciales entre ambos países en estos últimos años. Que apenas ningún Gobierno de América Latina haya apoyado la decisión argentina no quiere decir que se deba pasar por alto algunos de los argumentos de conveniencia utilizados para legitimar la expropiación. Lamentablemente, la escena global no está exenta de otras tentaciones proteccionistas y conviene no echar en saco roto el precedente argentino, no por lamentable menos significativo.