Las consecuencias de YPF

La incautación de la petrolera YPF está generando un reguero de incómodas consecuencias para el Gobierno argentino. Es lógico. Porque el método de la expropiación, a solo una parte de los propietarios —la española Repsol— y sin fijar la correspondiente indemnización, conecta con las nacionalizaciones abruptas de la era poscolonial, más radicales incluso que las practicadas por la Venezuela de Chávez. Y porque refresca a la comunidad internacional la memoria de que la litigiosidad planteada por el peronismo por casos similares ante el arbitraje del Banco Mundial es la más alta del mundo. 

Ayer fueron los ministros de Comercio del G-20 y el Parlamento Europeo quienes salieron al paso de la incautación. Aquellos desecharon la tesis argentina de que el grupo debe mirar para otro lado pues la medida es solo bilateral. Conclusión que debería asumir el FMI como brazo ejecutivo del G-20, desautorizando a su empleado para América Latina: una expropiación gratuita afecta al libre comercio global, principio clave del Fondo.

La Eurocámara fue aún más lejos, al propugnar que Argentina sea desposeída de las ventajas asociadas al sistema de preferencias generalizadas, del que goza históricamente, junto a otros miembros de Mercosur, en gran parte por el empeño solidario español. No es inane la objeción del grupo socialista de la Cámara, motivada por el deseo de evitar una escalada proteccionista; pero la pasividad europea sería peor. El manejo inteligente de este conflicto lo es todo, menos fácil. De un lado, la firme defensa de los principios jurídico-económicos es ineluctable. De otro, la proporcionalidad de las reacciones debe evitar el enconamiento del litigio.

No parece que la encendida retórica del Gobierno español, en contraste con la modestia de sus retorsiones (obstáculos a la importación del biodiésel), sea la mejor vía; sí lo es, en cambio, su activismo ante los organismos internacionales.