El juez rechaza desalojar el edificio ocupado por el 15-M en Barcelona

El Movimiento 15-M ha cantado victoria en los juzgados. El edificio de Nou Barris en Barcelona que fue tomado por los indignados el pasado 15 de octubre podrá seguir ocupado. Las 10 familias sin recursos que viven allí desde entonces no tendrán que desalojar la finca. El juez ha decidido archivar la denuncia de la caja de ahorros propietaria del inmueble, Cajamar, ya que no cree que las familias hayan cometido un delito de usurpación. La decisión no es firme. La propiedad puede recurrir el auto o, en cualquier caso, acudir a la vía civil (más lenta) para expulsar a los ocupantes.

La decisión ha sorprendido incluso a la defensa de los ocupantes, que esperaba una solución más expeditiva en la línea de lo que solicitó la fiscalía: dar un tiempo prudencial a las familias para que abandonen el edificio de forma voluntaria y, en caso contrario, expulsarlse a la fuerza. El pasado viernes, ocho de los ocupantes declararon como imputados ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés.

Tras examinar el caso, el juez considera que no existe ninguna responsabilidad penal y cita las declaraciones de algunos de ellos. Como Ahmed C., que llevaba varios días viviendo en la calle con su mujer y sus hijos y que estuvo "dos o tres días haciendo cola" para exponer su caso. A continuación, la "asamblea" de indignados le asignó uno de los pisos. Ramon N., por su parte, declaró que acudió a Nou Barris porque lo vio en televisión y creyó que le podían adjudicar también una vivienda. Todos ellos accedieron, pues, después del 15 de octubre y asumieron que se trata de una situación "provisional".

El juez detecta "dos grupos" de personas. Unos, más organizados, accedieron al edificio tras la manifestación global del movimiento de los indignados. Pero estos "no utilizan personalmente los pisos", sino que los "gestionan". Ninguna de ellas ha sido identificada. El otro grupo son los moradores, que viven allí por "su situación de carencia absoluta de techo".

Se trata de una situación nueva, dice el magistrado. Los hechos "presentan unos contornos particularmente novedosos, respecto de los cuales no es fácil encontrar antecedentes históricos ni, por lo tanto, jurisprudenciales". Y hace un repaso al fenómeno de la okupación que, a su entender y pese a la "heterogeneidad" del movimiento, está relacionada con "el paro juvenil, las dificultades de acceso a la vivienda, la especulación urbanística y las alternativas autogestionarias".

El propietario, además, no se ha puesto en contacto con los ocupantes, "ni siquiera lo ha intentado", resalta el juez, para expresarles que se opone a la ocupación, una de las condiciones para aceptar un desalojo por la vía penal. Y el edificio, apunta el juez, se encuentra aún en fase de construcción, ya que se ha ejecutado el 93,78% de las obras. La promotora Versus no pudo hacer frente a la hipoteca contraida con Cajamar y dio le dio, en pago, el inmueble.