El Guadalquivir es de todos

"El Guadalquivir ya es nuestro". La publicidad pagada por la Junta de Andalucía en los medios de comunicación cuando consiguió la transferencia de competencias del Estado (2007) chirrió fuera de esta comunidad, incluso en el PSOE. El entonces presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves (ahora vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial), se empeñó en conseguir esta competencia con el argumento de que ese río es el Nilo andaluz. La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se opuso, como también lo hicieron ingenieros, ecologistas, agricultores y expertos de izquierda y derecha. Perdieron la batalla y el Estatuto atribuyó la gestión exclusiva a Andalucía.

La unidad de cuenca, por la que los ríos se gestionan como un todo aunque afecten a varias autonomías, es un principio centenario de la gestión hidrográfica en España, un modelo que se cargaba de un plumazo el Estatuto andaluz. Aunque la mayor parte de la cuenca del Guadalquivir está en Andalucía, también hay zonas en Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Quien tampoco comulgaba con la idea fue el entonces presidente extremeño, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que decidió recurrir al Tribunal Constitucional incluso contra una decisión del presidente de su partido... el propio Chaves. El presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista José María Barreda, no recurrió. Chaves le garantizó por carta que no se verían afectadas las necesidades de Castilla-La Mancha.

El PP votó a favor del Estatuto andaluz y copió en Castilla y León el esquema de transferencia de aguas, en este caso del Duero, un río internacional. Castilla y León reclamaba a Chaves, en calidad de vicepresidente del Gobierno, esa transferencia. El Ministerio de Medio Ambiente ha frenado esta transferencia a la espera de la sentencia del Constitucional (fue también Extremadura la que recurrió en esta ocasión, pero ya con su actual presidente, Guillermo Fernández Vara), y ahora respira aliviada al conocer que la unidad de cuenca está salvaguardada. Castilla y León no negociará con Portugal.

Y no se fragmentará la gestión de los ríos.