El Gobierno deniega tramitar el asilo a 16 de los saharauis de Fuerteventura

La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, solo admitió a trámite las peticiones de asilo de cinco de las 22 personas que dijeron ser saharauis y que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero. De los 17 rechazados, todos salvo uno solicitaron que se volviera a evaluar su petición, pero el Ejecutivo no ha cambiado de opinión en ninguno de los casos. Las resoluciones denegatorias se están notificando en estos momentos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había recomendado en sus informes -que no son vinculantes- que se admitieran a trámite las 22 solicitudes para poder estudiarlas en profundidad.

"La decisión del Gobierno es preocupante", señalan fuentes de ACNUR-España. "Según la información que aparece en los expedientes hay indicios más que suficientes de que estas solicitudes merecen ser estudiadas en el procedimiento". La admisión a trámite es una primera criba que solo implica que se autoriza la estancia temporal del peticionario de asilo en España mientras se resuelve el fondo de la cuestión, si se concede el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria -para aquellos que no cumplen todos los requisitos pero se considera que su vida o libertad pueden estar en riesgo si regresan a sus países de origen- lo que suele tardar entre un año y un año y medio. Los 16 a los que se les ha denegado el reexamen pueden interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno, pero, mientras tanto, en principio, seguirán en marcha los procedimientos de expulsión.

ACNUR asegura que no se trata de peticiones abusivas ni infundadas, y que deberían haber pasado la primera criba de la admisión a trámite. "Hay que darles la oportunidad de que puedan presentar documentación, hacer las alegaciones pertinentes, que se pueda contrastar en el procedimiento si es fundado su temor de persecución y merecen la condición de refugiados", señalan fuentes de la organización. "Las consecuencias de la devolución a Marruecos pueden ser gravísimas".

De los 17, el Frente Polisario había reconocido como saharauis en riesgo a ocho de ellos, aparte de los cinco cuyas peticiones fueron admitidas en primera instancia y que están ya con los papeles en regla en Fuerteventura, e insistió en que sus vidas corrían peligro si retornaban a Marruecos. Sus abogados, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pueden, a la vez que presentan el recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Oficina de Asilo y Refugio, pedir al juez como medida cautelarísima que paralice el procedimiento de expulsión.