La fiscalía investiga desde julio las maniobras de Batasuna para presentarse a las municipales

El cese de las acciones armadas de ETA no ha condicionado la labor del ministerio público contra el terrorismo de la banda ni contra las actividades de su frente político-institucional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió el pasado 22 de julio unas diligencias de investigación para obtener información sobre las maniobras en el seno de la izquierda abertzale para estar presente en las municipales del 22 de mayo de 2011. El objetivo es acumular indicios para instar un posible cese de actividades de la nueva marca electoral o enviarlos a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que presente la demanda de ilegalización que prevé la Ley de Partidos. La principal sospecha es que, esta vez, recurrirán a la creación de una nueva formación.

La investigación, ordenada por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y encargada a los fiscales Vicente González Mota (coordinador de asuntos de terrorismo) y Daniel Campos, nació con la llegada a fiscalía de un informe de la Comisaría General de Información de la policía sobre la intención de la ilegalizada Batasuna de buscar fórmulas para estar presente en los comicios. Su objetivo es acreditar la existencia de una estrategia del "entramado político-institucional" de ETA (el nombre dado en la Audiencia al brazo político de la banda) para alcanzar ese fin y dilucidar cuáles serán los cauces que la izquierda abertzale pretenderá utilizar para obtener representación política a partir del 22 de mayo. Lo que González Mota y Campos pretenden conocer desde hace meses es si los radicales recurrirán a alianzas con partidos legales (como Aralar o EA), a la creación de agrupaciones de electores o la instrumentalización de partidos durmientes, como ocurrió con el PCTV.

Para ello, la investigación sigue dos líneas. La primera, de tipo policial, es solicitar informes a la policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza. Al mismo tiempo, los fiscales tratan de racionalizar todas las pruebas e indicios que puedan aparecer en los procesos que se están investigando en los distintos juzgados de la Audiencia y los que se inicien hasta las próximas elecciones municipales. Se trata de bucear en al menos una decena de sumarios en busca de datos sobre reuniones de tipo político, actos e informes policiales de cara a plantearlos en un único procedimiento.

Hasta el momento, la fiscalía ha recibido un informe de cada uno de los cuerpos policiales. Los tres confirman, según fuentes de la investigación, la inequívoca voluntad de ETA y Batasuna de estar en las instituciones. Otros documentos en poder del ministerio público, como el incautado en la operación que desarticuló Bateragune, la comisión de coordinación de la izquierda abertzale, recogía un análisis sobre las últimas elecciones vascas y formulaba sus líneas de actuación estratégica en materia electoral para los dos años siguientes.

La principal sospecha es que el instrumento elegido será la creación de un nuevo partido. Por eso, en los últimos días, la fiscalía ha vuelto a pedir a los tres cuerpos policiales que investiguen esa hipótesis. El resultado de esas pesquisas se recogerá en nuevos informes que se añadirán a la investigación. Los recabados hace ya más de tres meses, no descartaron ninguna de las posibilidades a las que la formación ilegalizada ha recurrido hasta ahora (nuevas siglas, agrupaciones o partidos durmientes).

Todas las pruebas acumuladas a través de los cuerpos policiales y en los diferentes casos abiertos en la Audiencia podrían utilizarse para poner en marcha las dos formas previstas por la ley para desactivar un partido político. La primera es el cese de actividades previsto en el Código Penal que ya utilizó el juez Baltasar Garzón en su momento con Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV), PCTV, Democracia Tres Millones y Askatasuna.

Para ello, el ministerio público plantearía un nuevo caso en el juzgado de la Audiencia que correspondiera por los delitos de integración o colaboración con organización terrorista o instaría la suspensión en uno de los procedimientos ya abiertos contra el entorno de la banda.

Una segunda posibilidad -acumulable a la suspensión de actividades- sería la de mandar todo ese material a la Fiscalía del Tribunal Supremo para presentar una demanda de ilegalización ante la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que la Ley de Partidos encarga el estudio de estos casos. Solo la fiscalía y la Abogacía del Estado pueden iniciar ese procedimiento, según esa misma ley.