El nuevo impuesto sobre el IRPF provoca una fisura en el tripartito catalán

El nuevo impuesto sobre el IRPF para gravar las rentas más altas ha provocado ya una seria grieta en el gobierno tripartito catalán. Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), socio minoritario del ejecutivo catalán, ha amenazado con no dar su voto en el Parlament al decreto de contención de gastos para reducir el déficit, aprobado esta mañana en sesión extraordinaria, si el martes el Gobierno no aprueba el nuevo tipo impositivo para gravar las rentas superiores a 100.000 euros anuales pasando del 21% al 25% en el tramo autonómico del IRPF.

Los votos de ICV son esenciales para la convalidación del decreto en el Parlamento catalán porque, en principio, tanto CiU como PP se oponen al mismo porque, entre otras cosas, también incluye la subida de otras tasas como la de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o vehículos contaminantes.

El conflicto ha surgido después de que el socialista Antoni Castells, consejero de Economía del Gobierno catalán, presentara esta mañana el plan de ajuste que aspira a reducir 1.700 millones de euros en lo que queda de año recortando el salario de los funcionarios y reduciendo los conciertos tanto en el sector sanitario como en el educativo. Castells ha insistido en que la nueva reforma fiscal se hará -"Es un acuerdo muy importante", ha dicho- y ha concretado que el Gobierno ha encargado a su departamento que elabore un informe para hacer un anteproyecto de ley a partir del 1 de julio.

El calendario fijado por Castells ha desatado una enorme indignación en las filas de ICV porque aseguran que el Gobierno ha acordado el martes como fecha límite para establecer las características del nuevo tributo. Castells ha defendido que ese margen es necesario para ver en qué sentido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero grava las rentas más altas para que haya cierta armonización fiscal.