El Consell aprueba el anteproyecto de la Ley de Integración de los Inmigrantes

El Gobierno valenciano ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Integración de los Inmigrantes, que ofrecerá a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de seguir un "programa de comprensión de la sociedad valenciana", de su cultura y sus dos lenguas oficiales mediante un compromiso voluntario de integración.

El consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha informado de esta iniciativa legislativa después del pleno del Consell y ha asegurado que esta ley se dirige principalmente a los inmigrantes no comunitarios, ya que no tienen "la misma percepción que tiene un ciudadano europeo sobre nuestros valores".

"Al final, un curso"

El portavoz de la Red Sahel de apoyo a los inmigrantes en Valencia, Luis Poveda, ha declarado que el anteproyecto aprobado hoy por el Consell no aporta "ninguna novedad". Poveda ha añadido que Rafael Blasco, "montó mucho ruido para nada". "Al principio se refirió a la necesidad de un contrato de integración, que luego se quedó en compromiso de integración y ahora, en un curso".

Según Blasco, el compromiso tiene como objetivo facilitar la incorporación de los inmigrantes a los recursos sociales regulados por la Generalitat. El consejero ha asegurado que el compromiso "no es de asimilación", sino que permitirá a los inmigrantes seguir de forma voluntaria un programa formativo sobre "valores y reglas de convivencia democrática". El consejero ha insistido en que "no habrá discriminación" hacia los que no quieran seguir este programa, que además no está vinculado a la concesión de ayudas sociales.

Blasco ha considerado que los empresarios valorarán este certificado que acredita "conocimientos" básicos de valenciano a la hora de contratar inmigrantes, y ha dicho que él "optaría" por una persona que sabe "expresarse y saludar en valenciano a otra que resulte ininteligible lo que diga".

Posturas opuestas

El consejero ha criticado "el cambio radical" que a su juicio ha experimentado el Gobierno central en su política de extranjería, con unas posiciones "diametralmente opuestas" a las que defendía. Según ha subrayado, "la gran paradoja" es que la regulación de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, pero son los gobiernos autonómicos y locales los que tienen que "tragar con la asistencia en servicios básicos" a los inmigrantes.

El número de extranjeros residentes en esta autonomía se ha incrementado desde 2.000 en un 369%, y los 732.102 inmigrantes que hay en la actualidad constituyen el 16% del total de la población.