La Comunidad propone que los objetores a Educación para la Ciudadanía hagan voluntariado

La Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, ha anunciado que estudia ofrecer labores de voluntariado como alternativa a aquellas familias que se acojan a la objeción de conciencia frente a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Además, ha subrayado "no pondrá en marcha, de momento" esta materia en los colegios e institutos madrileños y que "agotará el plazo límite" que establece la ley, es decir, "hasta el curso que viene".

Figar ha hecho estas declaraciones en el Curso sobre Modelos Innovadores para la Formación Profesional, que imparte la Fundación Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez, donde ha calificado de "problema grave" la obligatoriedad de la nueva asignatura, introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) en el sistema educativo. La consejera ha anunciado que la Comunidad de Madrid presentará en breve una "solución razonable" al Ministerio de Educación, para que los alumnos cuyas familias objeten a que cursen la nueva asignatura "tengan la alternativa de realizar tareas de voluntariado en el ámbito que ellos escojan, colaborando, por ejemplo, con ONG u hospitales".

Figar, que intervenía hoy por primera vez en un acto público desde que tomó posesión de su cargo, ha asegurado que sus objetivos son "cumplir los compromisos del programa electoral y seguir trabajando por una educación de mayor calidad para todos los madrileños y para los alumnos de otras comunidades que vengan a estudiar a Madrid". En respuesta, el Ministerio de Educación ha insistido en la obligatoriedad de cursar e impartir la asignatura y ha advertido que la propuesta de sustituirla por tareas de voluntariado "carece de base legal". En un comunicado, explica que elegir en cuál de los tres primeros cursos de la ESO se sitúa la asignatura es competencia de las autonomías, pero éstas no pueden aplazar su aplicación.

2.000 objeciones

"Por tanto la Comunidad de Madrid está en su derecho de decidir que esta materia se imparta en segundo curso de ESO, pero no está legitimada para aplazarla tal y como sugería Figar". Por su parte, la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos ha felicitado a la nueva consejera madrileña "por el apoyo otorgado a las familias que decidan ejercer su derecho constitucional a la libertad de enseñanza, objetando a algunos contenidos" de la materia "por considerarlos contrarios a sus criterios o convicciones religiosas o morales". Asimismo, manifiestan su satisfacción de que Figar "atienda las demandas de las familias en lugar de imponer una asignatura adoctrinadora, según los parámetros planteados por el gobierno".

La Confederación solicita al Gobierno que "reconsidere su postura totalitaria, intransigente e incluso, amenazadora con los objetores" de la nueva asignatura, así como que "suspenda" su ejecución y abra un "amplio debate social" que permita definir los objetivos de esta materia y le otorgue "un carácter voluntario". Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza ha reclamado también al Gobierno que retire Educación para la Ciudadanía por el "notable rechazo" que está suscitando, a su juicio, en la comunidad educativa.

Así, cifra en más de 2.000 las objeciones de conciencia contra la nueva materia recibidas en sus centros educativos. Tras insistir en que la disciplina creada con la LOE está siendo motivo "constante de división y de discordia" y una "muestra palpable de la falta de consenso con que se está pretendiendo implantar", esta organización alerta de que esta enseñanza puede invadir ámbitos educativos lesionando los derechos de los padres a educar según sus convicciones morales y religiosas.