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Greenpeace critica la gestión del Gobierno en la crisis del 'Prestige' a seis meses del hundimiento

Un informe de la organización denuncia que aún existen graves carencias en la costa gallega

Un informe de la organización ecologista Greenpeace establece que, a seis meses del hundimiento del Prestige, siguen existiendo graves carencias en las costas gallegas. El documento, presentado hoy, señala que todavía no se ha aprobado un régimen de responsabilidad civil ambiental y que no se hayan prohibido banderas de conveniencia. También critica el hecho de que queden aún 35.000 toneladas de fuel en el fondo del mar y que los responsables políticos no hayan asumido su responsabilidad.

"Seis meses después, y a pesar de los intentos del Gobierno por decir que hay normalidad, la mitad del fuel sigue en el fondo del mar, sigue llegando nuevo fuel a la costa gallega y francesa y no se han asumido responsabilidades políticas", ha dicho el presidente de Greenpeace España, Juantxo López de Uralde, durante la presentación del informe, llamado El Prestige. Seis meses después, en Madrid. "Estamos muy lejos de la situación de normalidad". El 13 de noviembre de 2002 el pretolero, cargado con 77.000 toneladas de fuel, sufrió un escoramiento a 52 kilómetros de Finisterre. El 19 de noviembre de hundió definitivamente, después de ser recmolcado a alta mar.

Incompetencia política

"El nivel de incompetencia política se demostró en la falta de medios, con la respuesta al accidente, la evidente marginación de la comunidad científica y la ocultación deliberada de información", ha dicho el director. "Es indignante que nadie asuma responsabilidades, porque lo que se hizo con el Prestige es lo peor que se podía hacer".

"Un porcentaje elevado de playas sigue teniendo fuel en las capas inferiores", ha asegurado el responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace, Sebastián Losada. Las actividades de limpieza no se llevan a cabo correctamente, ya que se emplea en algunas zonas agua dulce y a demasiada presión, ha explicado Losada. El experto ha indicado la necesidad de un nuevo régimen de responsabilidad en el transporte marítimo y ha abogado por que se obligue a cualquier barco que entre en aguas territoriales a presentar un seguro que cubra un límite de 1.000 millones de euros, y que se incluyan los costes ambientales.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde (izquierda), y el responsable de Oceános de la organización, Sebastián Losada, en la presentación del informe.

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