Acebes asegura que se ha producido "una desaceleración general" de la delincuencia

El ministro del Interior, Angel Acebes, ha asegurado esta mañana que la implantación progresiva del plan contra la inseguridad ciudadana que diseñó el Ejecutivo el pasado mes de septiembre y se aplica de forma progresiva desde octubre ha producido "una desaceleración generalizada de la delincuencia", que ha cifrado en "un 3% en determinadas ciudades".

El titular de Interior ha destacado en rueda de prensa, tras reunirse con los delegados y subdelegados del Gobierno para coordinar políticas de seguridad e inmigración, ha señalado que este descenso de la delincuencia se ha producido especialmente "en los delitos que más preocupan a los ciudadanos", como los relativos al patrimoni.

Asimismo, ha cifrado en 500 las redes de delincuentes desmanteladas entre enero y octubre pasado, con un saldo de 1.671 detenidos por su presunta relación con estas bandas dedicadas fundamentalmente al tráfico de seres humanos, narcotráfico y delitos contra la propiedad. Acebes ha recordado que antes de finalizar el 2002, las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado dispondrán de 5.462 policías y guardia civiles más y ha añadido que serán distribuidos en función de las necesidades operativas.

Información semanal

Para conocer las necesidades policiales de las distintas provincias, el ministro ha anunciado que se enviará semanalmente una instrucción a todos los delegados del Gobierno para que rindan cuentas de la evolución del plan de choque en sus respectivas demarcaciones y así poder establecer "en tiempo real" los "objetivos prioritarios" y "corregir" posibles disfunciones.

Preguntado sobre la posibilidad de que la reforma de la Ley de Extranjería establezca un plazo de tres días para que los jueces ordenen la expulsión de inmigrantes ilegales, como ya avanzó el sábado EL PAIS, el ministro ha reconocido que su departamento estudia la redacción de su articulado. Además, se ha mostrado partidario de "adoptar plazos" para dotar a los procedimientos de expulsión de "la mayor seguridad jurídica posible", y así, "evitar efectos negativos que en estos momentos se están dando", como la comisión de delitos menores por parte de ilegales con la finalidad de paralizar así su expediente de expulsión.