Garzón ordena el embargo de un avión vinculado a la red mafiosa desarticulada ayer en Tenerife

La operación emprendida ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra una red de crimen organizado que operaba en el sur de Tenerife ha dado hoy nuevos frutos. Esta mañana el magistrado ha ordenado el embargo de un avión Boeing 757 estacionado en el aeropuerto de Tel Aviv -aunque tiene su sede en Barajas- y propiedad de una sociedad que el libanés Mohamed Jamil Derbah, detenido ayer y cabecilla del grupo, compartía con un ciudadano ruso.

El avión pertenece a la empresa Hispano-Rusa de Aviación , aunque vuela con bandera de South Atlantic Airways. Si bien el juez ha ordenado el embargo del aparato, éste aún no ha sido consumado.

El director general de la Policía, Juan Cotino, que de visita hoy en Las Palmas, ha dado por cerrada la operación, pero no ha descartado que se puedan producir más detenciones cuando se investigue la numerosa documentación incautada en los registros.

Fuentes judiciales consultadas han señalado que también se ha ordenado el embargo de varias cuentas bancarias y se han localizado otras en al menos cinco paraísos fiscales, entre los que se encuentran Líbano, Luxemburgo, Gibraltar y las islas del canal.

Las autoridades británicas ya han ofrecido su colaboración para tratar de esclarecer quién está detrás de estas cuentas, según han dicho las mismas fuentes.

Posible delito de terrorismo

En la operación en la que ayer fueron detenidos Derbah y otros 17 presuntos miembros de una organización criminal que operaba principalmente en el sur de Tenerife, han sido intervenidos también un número indeterminado de sobres con distintas cantidades en divisas supuestamente destinados a extorsiones.

La organización desarticulada estaba muy asentada en Canarias y su núcleo duro lo componían entre diez y doce personas, que serán los que pasen a disposición judicial el próximo viernes. Además de los detenidos, alguno de los cuales serán previsiblemente puestos en libertad por la Policía, hay otras personas imputadas en la causa.

Los delitos que indiciariamente podrían imputarse a los miembros de la organización son los de estafa, extorsión, coacciones, blanqueo de capitales y tráfico de armas, y se investiga si pudieran tener alguna implicación en delitos de terrorismo.