Los coordinadores escolares ‘antibullying’, sin tiempo ni recursos: “Lo hacemos en ratos libres”

Amaya Matos lleva 16 de sus 42 años dando clases de Biología y desde hace tres cursos ejerce también como coordinadora de bienestar en el IES Guadarrama (además de ocupar el cargo de jefa de estudios adjunta). Como muchos docentes que asumieron este rol tras su creación, compagina esta función con la docencia sin reducción horaria ni compensación económica. “En mi caso lo he hecho por amor al arte”, reconoce. El coordinador de bienestar fue creado por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) con el objetivo de prevenir, detectar y actuar adecuadamente ante situaciones de violencia en los centros educativos. Tres años después de que se iniciara su implantación, docentes y organizaciones sociales coinciden en que su despliegue ha sido insuficiente. Un nuevo informe de la ONG Educo señala que las principales razones son la falta de tiempo, de formación específica y de compensación económica para quienes asumen esta responsabilidad, además de la falta de estándares comunes en todo el país.

La figura del coordinador de bienestar no es opcional: debe existir en todos los centros educativos. La ley, no obstante, deja libertad a cada centro para decidir quién asume el cargo. En la práctica, explican los docentes, el trabajo se traduce sobre todo en escuchar y acompañar problemas muy diversos. “Nos llegan desde conflictos de convivencia diarios entre compañeros, riñas o trifulcas, hasta problemas emocionales mucho más graves, con riesgo de autolesiones o trastornos de la conducta alimentaria”, relata Matos. A partir de su propia experiencia, percibe que su función como coordinadora de bienestar es importante para que los alumnos “tengan una figura de referencia a la que poder acudir si tienen algún problema”.

Esa necesidad de acompañamiento se da en un contexto en el que los conflictos y las situaciones de violencia siguen presentes en muchos centros educativos. El informe internacional TALIS sobre la situación del profesorado, publicado en otoño, refleja que el 6% de los directores españoles de secundaria reporta que en su centro se producen situaciones de intimidación o abuso verbal hacia docentes o personal educativo, un punto más que la media de la OCDE. En cuanto al acoso escolar, el porcentaje de directores que lo reportan asciende al 18%, un punto menos que la media de la OCDE.

Falta de tiempo

Organizaciones de infancia coinciden en que, además de actuar cuando hay un problema evidente, el coordinador de bienestar tiene un papel importante en la prevención de situaciones de riesgo. Mónica Viqueira, especialista en protección de la ONG Educo, explica que esta figura “introduce una mirada preventiva y de protección que antes no existía de forma tan estructurada en los centros educativos”. Sin embargo, advierte de que, para que la tarea de prevención se realice correctamente, el profesional necesita tiempo para dedicar a esta función. Desde UNICEF España, su portavoz Nacho Martínez también señala que el tiempo asignado es clave. La organización recomienda que los coordinadores dispongan, como mínimo, de 23 horas semanales por cada 1.000 alumnos.

En su día a día, Matos percibe que esta recomendación todavía está lejos de la realidad: “Tenemos que compatibilizarla [la actividad de coordinador de bienestar] con el resto de nuestras actividades. No estamos liberados de horas. Al final es algo que haces en tus ratos libres, como buenamente puedes”, explica.

Según el informe de la ONG Educo Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos, presentado este viernes, la mayoría de los coordinadores de bienestar son docentes del propio centro con una elevada carga laboral previa. Martínez hace una evaluación similar: “Hemos escuchado tanto a los propios coordinadores como a niños, y estos muchas veces nos dicen que es imposible acceder a ellos porque están completamente saturados”.

Escasa formación

En el caso de Amaya Matos, asumir el rol de coordinadora de bienestar fue una decisión personal, ya que, según cuenta, le gusta la labor de estar pendiente de los alumnos y de ser una persona a la que pueden acudir. Pero esta no es la realidad en todos los centros. Noemí Díez, del área de enseñanza pública de UGT SP Madrid, subraya que la designación del coordinador depende de la dirección y que, en muchos casos, algunos docentes asumen el puesto por obligación. “Entonces es realmente una sobrecarga, un agobio y un cargo de responsabilidad”, denuncia.

La falta de recursos y formación agrava la situación. “Hay centros en los que el docente está formado o sensibilizado, pero en otros no, por falta de tiempo o porque la persona designada no quería asumir ese papel”, señala Díez.

UNICEF coincide en que la formación es uno de los principales déficits. “Se está designando a personas como coordinadores de bienestar sin proporcionarles la formación necesaria para detectar problemas de salud mental o situaciones de riesgo”, señala Martínez. “En muchos casos se resuelve con cursos online de pocas horas, lo que resulta claramente insuficiente para una labor tan sensible”, concluye.

Matos está de acuerdo en que hace falta mejor formación, pero es algo más escéptica en cuanto al papel que puede desempeñar el profesorado. Considera que el problema es mucho más complejo y no se resuelve únicamente con la creación de una figura de referencia. “Podemos detectar y acompañar, pero la solución no somos nosotros”, afirma. “Se necesitan más profesionales, psicólogos, psiquiatras y una mejor coordinación con los servicios sanitarios”. Su labor pasa por “estar atentos, observar, generar confianza y derivar a quienes realmente pueden intervenir”.

Diferencias entre comunidades

La LOPIVI deja en manos de las comunidades autónomas la regulación concreta de esta figura, lo que ha generado una implantación desigual en el territorio. Según la ONG Educo, esta falta de armonización pone en riesgo una protección equivalente para toda la infancia. “El hecho de que no exista una regulación común genera muchas diferencias entre territorios”, explica Mónica Viqueira. “Hay comunidades que han desarrollado normativas sólidas y donde los coordinadores cuentan con más apoyo, pero en otros lugares no es así”.

Algunas comunidades —como Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia— han optado por herramientas específicas para regular el rol del coordinador de bienestar. Otras lo hacen mediante instrucciones generales de inicio de curso o circulares, y Castilla y León, según la ONG Educo, carece de cualquier normativa. Las diferencias también afectan al perfil exigido, la carga horaria, la formación y la retribución económica.

En cuanto a la formación, la ONG Educo señala que cada vez más territorios la están impulsando, aunque muchas de estas iniciativas siguen centradas en la capacitación básica. El aspecto más débil es el de la retribución mediante un complemento salarial por el ejercicio de estas funciones. Solo Canarias, Cataluña y Galicia cuentan con retribución.

“Los niños y las niñas tienen derecho a la protección”, concluye Viqueira, “y no puede depender del territorio en el que vivan que ese derecho se garantice o no”.