Andalucía suprime sus 1.800 auxiliares de conversación que mejoran el aprendizaje de idiomas de 300.000 alumnos

Andalucía ha eliminado de un plumazo sus 1.806 auxiliares de conversación que desde hace dos décadas ayudan a unos 300.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Internacional a aprender idiomas. Para este curso escolar, sus 1.272 centros bilingües ―del total de 7.000― carecerán de los estudiantes extranjeros británicos, franceses, alemanes o estadounidenses que les mejora la dicción de los idiomas para convertirlos en algo más ameno y cercano. Pero detrás de esta merma que afecta a los alumnos andaluces pueden verse afectados millones de estudiantes de otras 15 autonomías, todas excepto Aragón.

La pasada primavera la Inspección de Trabajo multó a Andalucía con cinco millones por no considerar a estos estudiantes como trabajadores y evitar la cotización a la Seguridad Social, condición que solo cumple Aragón desde hace una década, según el Ministerio de Educación. Esto expone a las autonomías a recibir otras multas millonarias si el Ministerio de Trabajo y Economía Social inspecciona las condiciones laborales de los auxiliares, ya que en ninguna región salvo Aragón cotizan a la Seguridad Social.

“La inmersión lingüística y cultural es enorme, pero sobre todo es una ayuda inconmensurable para corregir la pronunciación. Si además la persona es creativa, a la aportación académica se le suma un aprendizaje de vida para los alumnos. Los chavales se sueltan muchísimo y se les quita la vergüenza cuando otra persona más cercana a su edad les pregunta”, ensalza Ana Vázquez, coordinadora de bilingüismo y delegada del sindicato Ustea en el Instituto Jacarandá de Brenes (Sevilla). En este pueblo a las afueras de la capital andaluza conviven hasta 50 nacionalidades y Vázquez destaca cómo derriba percepciones racistas enquistadas en los alumnos el hecho de que un estudiante universitario afroamericano les enseñe a pronunciar el inglés que se les atraganta. Andalucía ha sido la primera comunidad en cancelar el programa, tal y como avanzó Diario de Sevilla, pero pueden sumarse otras regiones.

Los auxiliares de conversación para idiomas extranjeros ―7.140 el pasado curso― llegaron por primera vez a España en 1936. Desde hace casi nueve décadas han mejorado la práctica de idiomas en la escuela, motivado a los estudiantes y fomentado el conocimiento de la cultura y las costumbres de otros países. Gracias a acuerdos entre 30 países, el Ministerio de Educación selecciona y canaliza estos estudiantes a las comunidades autónomas para que los integren en sus sistemas educativos. El Ministerio los considera “embajadores culturales”, que reciben 800 euros al mes por unas 14 horas semanales, y entiende que no concurre “salariedad” porque su trabajo se basa en un vínculo entre Estados y ciudadanos, “y no a una prestación de servicios a cambio de un salario”, según fijó en un informe oficial de principios de 2024. Además, la Abogacía del Estado confirmó en otro informe posterior esa condición de estudiantes becados y no los consideró trabajadores.

Sin embargo, esta primavera la Inspección de Trabajo de Sevilla decidió contradecir el criterio que ha primado durante décadas y propuso multar a la Junta de Andalucía con cinco millones de euros por una infracción “muy grave en materia de extranjería” al incorporar a trabajadores extracomunitarios e infringir la ley, además de las liquidaciones parciales de las cuotas no abonadas a la Seguridad Social. El Gobierno autonómico ha alegado que la Administración del Estado es la única competente para configurar el programa y la que selecciona a los auxiliares que compiten para venir a España ocho meses con una ayuda económica y seguro médico, durante un máximo de tres años.

Ahora la Inspección de Trabajo debe decidir si confirma o no la multa millonaria que ha provocado el fin del programa en Andalucía. Sobre la posibilidad de que se sucedan más multas a otras autonomías, el Ministerio de Trabajo aclara: “El criterio es común a todo el país, pero hay que analizar caso por caso tanto en los centros pertenecientes a las administraciones públicas como en los centros privados. Es posible que en algunos no se den los requisitos relación laboral y en otros sí, pero el criterio es común”, zanja una portavoz del ministerio que dirige Yolanda Díaz.

“Si al final el perfil es de trabajador… ¿tendrán que hacerse oposiciones? ¿Serán plazas a concurso público? ¿Consideramos al estudiante de Wisconsin un trabajador? La clave es que el programa no es de la Junta, son personas seleccionadas por el Ministerio de Educación”, rebate un portavoz de la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La Junta pidió en junio por carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que encontrara una solución al problema junto a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Exteriores, pero la respuesta no fue suficiente para salvar el programa en esta región.

El Ministerio de Educación planteó a la Junta que podía copiar el modelo aragonés, donde desde hace una década los estudiantes extranjeros cotizan a la Seguridad Social, lo que supondría aportar más dinero, pero Andalucía evitó recoger el guante. “El Ministerio ha ofrecido a la consejería reconducir el programa, pero esta ha rechazado estas posibles soluciones anteponiendo su circunstancia particular frente al beneficio general que aporta el programa para el profesorado y el alumnado”, ha alegado una portavoz del Ministerio.

La solución planteada por el Gobierno a la Junta hace una década que la adoptó Aragón, pero las otras 15 autonomías siguen considerando estudiantes becados a los auxiliares de conversación. En Aragón los jóvenes extranjeros están dados de alta por el Gobierno autonómico en el epígrafe contratado para la formación y aprendizaje y contratos formativos en alternancia. “Se paga por contingencias comunes y por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Pero no es una relación laboral. De hecho, vienen de países extranjeros con visado de estudiante”, aclara una portavoz del Departamento aragonés de Educación, Cultura y Deporte. Este curso hay 79 auxiliares pagados por el Gobierno autonómico y otros 24 que paga el ministerio, pero que no están dados de alta en la Seguridad Social, según dicho departamento.

Al margen del varapalo de la Inspección de Trabajo que recibió la Junta el pasado mayo con la multa millonaria por una posible infracción en la provincia de Sevilla con más de 400 auxiliares de conversación, el Gobierno andaluz tiene otro frente abierto en Granada. Hace un año el Juzgado de lo Social 4 de esa ciudad condenó a la Junta a pagar 438.816 euros por las cuotas impagadas a la Seguridad Social de los 125 auxiliares de conversación de esa provincia durante tres cursos escolares, entre 2018 y 2021, al considerar que mantenían una relación “de carácter laboral”. La sentencia, recurrida por la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), abría la puerta a que los auxiliares reclamaran las diferencias salariales, así como su derecho a vacaciones y que su cese fuera considerado como un despido colectivo.

El procedimiento fue iniciado por la Tesorería General de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y llegó después de otro caso judicial iniciado por una auxiliar que reclamó a la justicia su diferencia salarial. El Juzgado de lo Social 1 de Granada le dio la razón al considerar que los auxiliares de conversación “normalmente no actúan como meros ayudantes”, sino que “dirigen las clases”. Tras la sentencia, la Inspección de Trabajo entrevistó a los 125 auxiliares y concluyó que estos mantenían una relación laboral con la Junta de Andalucía.

Al margen del nuevo enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno central, los perjudicados serán cientos de miles de estudiantes andaluces. “La exposición al idioma con un nativo enriquece el aprendizaje. Es un deterioro más que puedes sumar a la escuela pública”, critica Yolanda Jiménez, coordinadora de bilingüismo en el colegio Marqueses de Linares, en esa ciudad jiennense. Felipe Gómez, responsable de política educativa de CC OO, apostilla: “El estudiante que tenga recursos económicos irá a la academia de inglés para soltarse. La Junta se excusa en que es un programa estatal, pero es otra quita de derechos y oportunidades a las clases bajas y medias”.