Un tesoro oculto para el diálogo social y político: el Pacto de Toledo para las pensiones

Hace unas semanas tuve el honor de comparecer en el Congreso ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo que se encarga de vigilar y actualizar las recomendaciones sobre el sistema público de pensiones. Pienso que puede tener interés para un público más amplio el exponer aquí algunas de las reflexiones que hice ante los miembros de la Comisión.

La primera fue señalar que el sistema público de pensiones no es una pieza vinculada sólo con el mercado laboral, sino que es un pilar básico de la legitimidad y el buen funcionamiento del capitalismo democrático. La segunda fue que existen dos métodos para la adaptación del sistema de pensiones a las transformaciones del capitalismo: el tecnocrático, que opera de arriba abajo de forma impuesta por los gobiernos, y el democrático, que opera de abajo a arriba mediante el diálogo y el acuerdo político y social. La tercera fue que el Pacto de Toledo es un tesoro oculto del diálogo político y social en España, sin parangón en otros países. Permítanme que desarrolle un poco más estas tres reflexiones.

El sistema de pensiones públicas no puede vincularse únicamente con el mercado de trabajo, hay que verlo como una pieza básica del funcionamiento y la legitimidad del capitalismo democrático. La Revolución industrial del siglo XIX vino acompaña de un enorme sufrimiento social, pero al volver la vista atrás es bueno recordar que su efecto más importante fue la mejora del nivel de bienestar que produjo a largo plazo. El impulso para esa mejora fue el movimiento de reforma social que acompañó al capitalismo.

El “error de Marx” fue el no haber sido capaz de anticipar la plasticidad del capitalismo para adaptarse a los movimientos de reforma social. La primera frase del Manifiesto Comunista de 1848 afirma: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”. Para combatirlo, el canciller alemán Bismark creó ya entre 1833 y 1889 el primer sistema de pensiones, basado en el modelo contributivo de reparto. El objetivo era afrontar la “pobreza de mayores”. La lucha contra la miseria social fue también el objetivo de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos. En su conocido discurso del año 1941 sobre Las cuatro libertades, la tercera era la “libertad frente a la miseria”. Esa lucha para conciliar capitalismo con justicia social continuó con el informe de W. Beveridge (1942) sobre la nueva Seguridad Social en el Reino Unido y con la con la construcción de un nuevo contrato social en Suecia que dio lugar al Estado de bienestar de tipo europeo. La Seguridad Social, y en particular los sistemas de pensiones púbicos, han actuado como un pegamento entre capitalismo y justicia social.

La conclusión que me interesa extraer de esta primera reflexión es que si en el futuro el trabajo resultara redundante por efecto de la automatización y la inteligencia artificial, el capitalismo seguiría necesitando un sistema de pensiones públicas, aunque en ese caso se las llamase y financiase de forma diferente.

Pasemos ahora a los métodos de adaptación del sistema de pensiones a las transformaciones del capitalismo. La historia nos habla de dos. Por un lado, el método tecnocrático, mediante el cual gobiernos, con el apoyo de expertos, introducen reformas de forma unilateral. Como vimos recientemente en Francia, este método tecnocrático de reforma impuesta produce conflicto social y resistencia política. A la postre, es ineficaz. Una de las razones es que las reformas tecnocráticas se apoyan en previsiones demográficas y económicas cuestionables. Miren, si las previsiones de los expertos acerca del crecimiento del PIB en 2025 y años anteriores han tenido importantes desviaciones a la baja, ¿cómo confiar en previsiones económicas a diez o veinte años si no somos capaces de acertar a un año? Lo mismo ocurre con las demográficas. Esta imposibilidad de predecir, aún más evidente en situaciones de incertidumbre radical como las actuales, enfrenta a los reformadores tecnocráticos con un riesgo moral que no toman en cuenta: ¿cómo justificar moralmente imponer reformas que producen un daño cierto a las generaciones actuales de pensionistas basándose en un beneficio hipotético para generaciones futuras que, sin embargo, no se puede asegurar?

Si me aceptan esta imposibilidad de hacer previsiones fiables, la cuestión clave es: ¿hay algún método alternativo de reforma que resuelva este dilema moral? Sí, es el método democrático, basado en diálogo político y social de abajo arriba. Si todos los actores implicados en la adaptación del sistema de pensiones a las nuevas transformaciones del capitalismo se ponen de acuerdo en qué hacer y cómo, ese consenso elimina el riesgo moral y, a la vez, da eficacia y legitimidad a las reformas.

A mi juicio, esta es la lección que ofrece la experiencia española del Pacto de Toledo. Se acordó en 1995, en un momento en el que dos hechos pusieron en cuestión el sistema de reparto. Por un lado, un maltusianismo demográfico apocalíptico, inspirado por los organismos internacionales, cuestionó la viabilidad del sistema público de reparto, a la vez que proponía el paso a un sistema privado de capitalización. Por otro, en la campaña de las elecciones generales de 1993, Felipe González cuestionó el compromiso de José María Aznar de pagar las pensiones. En ese escenario incierto, se produjo el milagro del Pacto de Toledo. Opera en un doble nivel. Por una parte, en el del diálogo y acuerdo político en el seno la Comisión parlamentaria. Por otra, en el del diálogo y acuerdo entre los agentes sociales, sindicatos y patronales. Como ocurrió con los Pactos de la Moncloa de 1977, este doble nivel de diálogo da eficacia y legitimidad a las reformas.

La extensión de esta columna no me permite abordar la extraordinaria riqueza de reformas graduales consensuadas inspiradas en el Pacto de Toledo que han permitido avanzar de forma consensuada en la suficiencia y la sostenibilidad de las pensiones. Pero creo poder afirmar que el Pacto de Toledo es un verdadero tesoro oculto del diálogo político y social que merece mayor reconocimiento por parte de la sociedad española. Es un activo inmaterial con capacidad para abordar las estrategias para la adaptación del sistema a las transformaciones tecnológicas y demográficas del capitalismo en el siglo XXI. En el corto plazo hay que poner el foco en el aumento de los buenos empleos, condición posible y necesaria para la sostenibilidad. En el medio y largo hay que poner el foco en el diseño de nuevas instituciones que puedan financiar el sistema en la situación hipotética de redundancia del empleo en una economía totalmente digitalizada. Volveré sobre esta cuestión.