La fortaleza del sistema financiero: línea de defensa de la economía

La incertidumbre es el signo de nuestro tiempo. Asistimos a un entorno internacional caracterizado por tensiones geopolíticas crecientes: ruptura del multilateralismo, guerras comerciales, conflictos armados o amenazas de uso de la fuerza. Todas ellas definen un panorama convulso en el que las grandes potencias compiten de nuevo por preservar esferas de influencia, con implicaciones directas para la estabilidad financiera. En este contexto, la Unión Europea trata de avanzar en su objetivo de reforzar su hard power, y uno de los ámbitos estratégicos donde busca su nuevo lugar en el mundo es el financiero. Los riesgos geopolíticos han llegado para quedarse, y las entidades deben estar preparadas para operar en un entorno cada vez más incierto y volátil. Nos encontramos, como han advertido con clarividencia los informes de Enrico Letta y Mario Draghi, ante un cambio de paradigma que exige una adaptación ágil para evitar una “lenta agonía”.

El sistema bancario de nuestro país afronta estos graves desafíos desde una posición de fortaleza. Así lo demuestran los principales indicadores de desempeño financiero. La rentabilidad, medida a través del ROE, alcanzó el 14,2% en el cuarto trimestre de 2024, considerablemente superior al 9,5% de la media de la eurozona. La ratio de eficiencia presenta igualmente cifras muy saludables si la comparamos con nuestro entorno europeo (44% frente al 55%). Por su parte, la tasa de morosidad se ha reducido notablemente en la última década y ha permanecido contenida incluso durante el reciente ciclo alcista de tipos de interés. En este contexto de menor coste del riesgo, las entidades españolas han reforzado sus niveles de solvencia y mantienen una posición de liquidez superior a la de sus homólogas europeas.

Esta solidez también se refleja en el dinamismo del crédito al sector privado, que creció a doble dígito en el primer trimestre del año, con un coste de financiación inferior al promedio europeo en los principales segmentos. Los mejores resultados derivados de este buen desempeño se han traducido en un mayor retorno a la sociedad. Las entidades del sector CECA invirtieron en Obra Social más de 900 millones de euros en 2024, la mayor cifra de los últimos 12 años. De esta inversión se han nutrido proyectos de todo tipo: asistenciales, de fomento de la cultura y protección del patrimonio, para la promoción de la investigación y el desarrollo local. La fortaleza del sistema financiero es hoy una de las principales líneas de defensa de nuestra economía y supone una importante contribución a nuestro bienestar colectivo.

El sistema bancario de nuestro país cuenta, por lo tanto, con cimientos sólidos para abordar los cuatro grandes desafíos estratégicos planteados a corto y medio plazo. El primero de ellos es la revisión del marco normativo y supervisor. Las autoridades europeas han tomado conciencia de que el actual modelo de regulación y supervisión del sistema financiero resulta insostenible, pues está afectando negativamente a la competitividad de la economía del continente. Así lo han reconocido de forma expresa los informes Letta y Draghi. Instituciones, academia e industria hemos llegado al consenso de que es preciso simplificar el ordenamiento jurídico, liberarlo de trabas burocráticas que lastran la innovación y ensanchan nuestro diferencial de crecimiento con respecto a las economías con las que competimos.

Esta simplificación debe ser, por tanto, ambiciosa. Y un primer ámbito en el que deben apreciarse con rapidez sus efectos es el prudencial, es decir, los requerimientos de solvencia. Tras más de 10 años de reforzamiento constante de los niveles de capital por parte del sector, ha llegado la hora de introducir más flexibilidad en el modelo: acotar las recetas clásicas basadas en la pura solvencia a los riesgos tradicionales y admitir nuevos tratamientos prudenciales basados en la buena gobernanza para los riesgos emergentes. Igualmente, es preciso reconsiderar el actual sistema de cobertura mediante pasivos elegibles, por cuanto simplemente la emisión de tales instrumentos supone un coste desproporcionado difícil de justificar.

La fiscalidad es otro de los principales desafíos que afronta el sector financiero, ya que es una fuente de distorsiones indebidas en el funcionamiento de los mercados: aumenta la fragmentación, genera condiciones no equitativas y afecta a la competencia. En el caso de España, el impuesto a la banca, que inicialmente fue concebido como un gravamen temporal, tiene prevista una vigencia de tres años. Aunque otras jurisdicciones han desarrollado figuras tributarias específicas para el sector bancario, el impuesto español sigue sin tener precedentes de similar impacto en la Unión Europea y carece de justificación técnica, especialmente a raíz de la bajada de los tipos de interés.

El tercer desafío se refiere al papel que corresponde al sector bancario en las dos grandes transformaciones estructurales que está experimentando la economía de nuestro tiempo: la digitalización y la sostenibilidad. En el ámbito digital, la banca ha respondido con agilidad y eficacia a la aparición de nuevos competidores, como las fintech o incluso las bigtech, atraídas por la innovación constante que caracteriza hoy al negocio bancario, sobre todo en los servicios de pago. Precisamente la irrupción de nuevos agentes en el mercado exige establecer un marco regulador equitativo, en especial en lo referente a la gestión de datos. Más recientemente, el desarrollo de la inteligencia artificial ha abierto un nuevo frente regulatorio: es necesario promover su adopción sin ignorar los riesgos, buscando un equilibrio entre innovación y protección.

Por su parte, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad transversal, pero también en una fuente creciente de complejidad regulatoria. La normativa ha evolucionado de forma acelerada, con exigencias en ocasiones excesivas o contradictorias. La falta de una taxonomía plenamente definida genera incertidumbre sobre qué actividades pueden considerarse “verdes”, dificultando la toma de decisiones. Es urgente definir una hoja de ruta clara y estable, con objetivos ambiciosos pero alcanzables, y que reparta las responsabilidades de forma equilibrada, sin trasladar al sector financiero cargas desproporcionadas.

Por último, la Unión Bancaria en la UE sigue incompleta. El segundo pilar, el llamado Mecanismo Único de Resolución, aún presenta carencias clave dado que existen incertidumbres sobre los parámetros que han de guiar a las autoridades en la gestión de entidades en situación de crisis. En cuanto al tercer pilar, el sistema europeo de garantía de depósitos sigue sin materializarse. Mientras no se establezca este fondo común no habrá una verdadera Unión Bancaria: los depositantes seguirán expuestos a desigualdades entre países y los bancos quedarán vinculados a los riesgos soberanos. Los esfuerzos realizados hasta la fecha por avanzar en la definición de un modelo europeo han carecido de los apoyos suficientes en el seno de las instituciones europeas.

La regulación y la supervisión han sido y seguirán siendo pilares esenciales para la estabilidad financiera. Pero para que el sector bancario pueda seguir avanzando es necesario construir un marco más ágil, coherente y equilibrado, que, lejos de obstaculizar, ayude a las entidades financieras a gestionar con éxito esta era de la incertidumbre.