Competencias profesionales, disrupción tecnológica y empleo juvenil

El fuerte crecimiento de la economía española durante los últimos años no ha sido suficiente para lograr una reducción mayor del desempleo e impulsar su convergencia hacia la media de la Unión Europea (UE). Esa divergencia es más acusada en el desempleo juvenil —población entre 16 y 24 años—: la tasa española fue del 26,5% (marzo de 2025), frente al 14,3% de la UE.

La reducción del paro involuntario no depende solamente de la fortaleza del crecimiento del PIB o de la eliminación de ciertas restricciones al funcionamiento del mercado laboral. Los cambios estructurales impulsados por la digitalización, la inteligencia artificial (IA), el envejecimiento de la población o la desglobalización, entre otros, plantean la urgencia de repensar el modelo educativo y su impacto en las capacidades profesionales de los ciudadanos. El objetivo de mejorar las oportunidades de formación disponibles para los ciudadanos —en particular, para las generaciones más jóvenes— es imprescindible, desde un punto de vista de las personas, la integración social y la competitividad. Sin embargo, la eficacia de las nuevas iniciativas educativas requiere incorporar a las empresas en el diagnóstico del problema, sector a sector y territorio a territorio, y considerar aquellos cambios de manera integral.

La iniciativa del IESE Education for Jobs ha presentado recientemente el último Informe sobre empleo juvenil y educación, (El futuro del trabajo: educación, tecnología y competencias profesionales, junio 2025). A partir de una encuesta detallada y un estudio cualitativo de casi un centenar de máximos responsables del área de personas de empresas españolas y multinacionales de cierto tamaño que operan en España, se presentan algunos resultados que ilustran el reto del empleo juvenil. Alrededor de tres de cada cuatro empresas encuestadas dicen que hay un gran desajuste de competencias profesionales entre las que las empresas necesitan y las que encuentran: un 76% entre graduados universitarios y un 74% entre alumnos de formación profesional. Es una cifra que está en este rango desde las primeras encuestas realizadas en 2018, lo que muestra la persistencia y la complejidad del reto, a pesar de las numerosas iniciativas legislativas adoptadas durante los últimos años.

Un segundo aspecto relevante es que la brecha de competencias afecta a los conocimientos en áreas de ciencia y tecnología, en particular, en matemáticas, como indican los estudios de la OCDE al respecto; pero también afectan a las capacidades de ciertas funciones básicas de las empresas, como la comercial o la de operaciones. La brecha es relevante también en capacidades profesionales —como el trabajo en equipo, la comprensión oral o escrita, o la comunicación—, así como en actitudes personales —como el compromiso, el espíritu de superación, la iniciativa, la colaboración o el aprendizaje, entre otros— que dificultan o facilitan la incorporación al mundo profesional. Es cierto que una parte de la deficiencia en actitudes podría responder también a una insuficiente adaptación de las empresas a las nuevas generaciones. Sin embargo, la evidencia que se desprende de este estudio revela la existencia de un reto social de envergadura. Por consiguiente, cualquier impulso del reskilling y upskilling —adquirir y mejorar nuevas capacidades— de los ciudadanos no puede orillar el problema básico de mejorar la formación de las generaciones actuales en competencias básicas y actitudes, más allá de los necesarios conocimientos.

El efecto que las empresas entrevistadas perciben sobre el impacto de la IA en sus organizaciones incide sobre el futuro del trabajo. Las empresas observan que la aplicación de IA hasta ahora está centrada en algunas tareas operativas —servicio al cliente, call centers, producción de informes, o previsión de compras, operaciones y ventas—. Estas aplicaciones tienen un potencial de mejora de la eficiencia operativa. Está por ver si además aumentará la productividad —variable más compleja—. La mayoría de los responsables del área de personas y talento de las empresas coinciden en que la IA no va a mejorar la capacidad de innovación, excepto en algunas actividades muy específicas.

La supuesta mayor aceptación de los estudios de FP por parte de la sociedad es una cuestión de interés. La experiencia internacional muestra que la mejora de la calidad de la formación profesional y su adopción por parte de las empresas es un paso imprescindible para mejorar el empleo. A pesar de la mayor atención por parte de gobiernos en España los resultados siguen siendo deficientes. Los datos del Informe en este campo son significativos. Las empresas aún perciben de manera mayoritaria una calidad mediocre en la FP y una escasa adecuación de los estudios a las necesidades reales de las empresas. La muestra de las empresas del informe no es representativa de la población empresarial; sin embargo, las empresas estudiadas son de tamaño grande y mediano-grande, tienen interés en la contratación de jóvenes y cuentan con los recursos necesarios para adoptar planes de contratación de graduados y asegurar su encaje en la organización. Si estas empresas con suficientes capacidades no aceleran la adopción de la FP, difícilmente lo harán otras organizaciones de menor tamaño.

Junto a esta percepción general de que muchas empresas no consiguen avanzar en la contratación e incorporación de jóvenes, experiencias como las de Airbus, BASF, Naturgy, Nestlé, Telefónica o Repsol, entre otras, muestran un potencial de mejora. Esas empresas han establecido programas de colaboración con centros de formación profesional cercanos que incluyen prácticas en la empresa, participación de profesionales de la empresa en algunos cursos, apoyo para el diseño de casos prácticos que enriquecen el currículum o mentoría de alumnos. Estas experiencias muestran, al menos, dos hechos. El primero es que la involucración activa de las empresas es central para una mejora de la formación profesional y de las capacidades de los alumnos. La segunda es que los centros de formación profesional adquieren una experiencia única colaborando con empresas y aprendiendo de las mejores prácticas. Cualquier reforma de la formación profesional que un gobierno plantee debería buscar la involucración directa y activa de las empresas. Esta es la experiencia internacional de los países donde funciona de manera eficiente; y parece serlo también, a pesar de las numerosas trabas administrativas, en el caso de España.

A pesar de los abundantes recursos e iniciativas de reforma de la educación universitaria y de la formación profesional, los resultados de su impacto y la percepción de las empresas que contratan no son satisfactorios. El reto es complejo. Sin embargo, la experiencia constatada muestra que el avance requiere la colaboración de las empresas activa y directa, desde el diseño hasta su implantación. Como ocurre en otros países con amplia experiencia en este ámbito, no hay formación profesional de calidad sin una involucración directa de las empresas.