Simplificar la normativa: el camino para captar más inversión sostenible

Europa ha apostado en los últimos años por una ambiciosa agenda que sitúa a la transición ecológica como una punta de lanza para consolidar el liderazgo económico del bloque. Este esfuerzo por alcanzar objetivos climáticos guarda un reto mayúsculo: lograrlo sin comprometer en el proceso la competitividad, productividad e innovación para el tejido empresarial europeo, tal como alertaba el Informe Draghi publicado en 2024. Para lograr este cometido hace falta movilizar grandes cantidades de capital. Este es el foco de debate de la última edición de Foro Futuro, el Observatorio de Tendencias Económicas organizado por Santander y Cinco Días, en el que han participado cuatro expertas: Esther Moya, directora de Asuntos Públicos y Coordinación Regulatoria de Repsol en España; Lara de Mesa, directora global de Sostenibilidad de Banco Santander; Andrea González, directora general de la Asociación para la Promoción de la Inversión Sostenible Spainsif; y Laura Fernández, gerente de Finanzas Sostenibles en Telefónica. Todas apuntan en una dirección clara: es crucial simplificar las normativas europeas para acelerar la inversión privada.

La arquitectura regulatoria con la que Europa intenta atajar el cambio climático comprende una transformación estructural en los modelos económicos. Esta incluye marcos como la Taxonomía de Finanzas Sostenibles o la obligación de reporte de riesgos climáticos por parte de las entidades financieras buscan canalizar capital hacia actividades con bajo impacto ambiental. Sin embargo, las expertas aluden al riesgo de que una regulación excesivamente compleja, pueda entorpecer el proceso. De mesa sugiere que es importante que “la normativa no ahogue” y señala que la carga excesiva en el reporte “ha generado que, en muchos casos, haya más obligaciones de reporte que actividad material real”. “No es en lo que deberíamos estar las empresas centradas”, asegura.

Por su parte, Esther Moya celebra las iniciativas de simplificación de la Unión Europea y cree que se están dando avances favorables como la llamada ley ómnibus, que prepara Bruselas. También matiza que “no se trata de relajar estándares desde el punto de vista de sostenibilidad, sino de hacer un poco más ágil, lo que tiene que ver con la preparación de informes”. De Mesa también apunta el gran interés del sector en ser capaces de medir y reportar sus avances, pero que hay que hacerlo de una forma pragmática: “Si no, al final, vale más el collar que el perro, y nos estamos complicando en exceso y generando cargas innecesarias”, menciona.

Andrea González también alude a la preocupación e incertidumbre producto de una normativa compleja: “Hay que priorizar que exista más volumen de información relevante para el financiador, en lugar de muchos datos de unos pocos actores; para poder escalar, para poder generalizar, que sean muy comparables y que estén verificados”. Además, sostiene que el marco regulatorio se ha ido aplicando “con una cierta arritmia de corazón en el calendario, al entrar en vigor unas cosas, otras no”. Como un ejemplo del revuelo normativo, expone casos en los que el financiador estaba obligado a reportar datos que la empresa no estaba conminada a darle. “Esto ya generó un bypass coronario”, describe.

Información Excesiva y llamamiento a la calma

Para dimensionar la cantidad de datos que se les exige a los responsables de sostenibilidad, Lara de Mesa comenta que el estado de sostenibilidad del 2024 del banco Santander tiene el doble de páginas que el estado financiero o cuatro veces el contenido reportado en temas de riesgos. “La sostenibilidad requiere de transparencia, de esa información a mercado, sin duda, pero en variables materiales relevantes que realmente permitan a un inversor discriminar la actividad”, señala.

Fernández, también aporta, al respecto, que en Telefónica han llegado a plasmar datos que incluyen hasta la tercera cifra decimal. “Hemos llegado a reportar números del 0,001% de capex —inversión que una empresa realiza para adquirir, mejorar o mantener activos a largo plazo— porque no existía la materialidad financiera en taxonomía y no se podía excluir ninguna actividad”, relata. “Pues claro, estamos a favor de la simplificación, sí, pero todo con un balance”, señala.

La gerente de Finanzas Sostenibles de Telefónica también hace un llamamiento a una pausa que permita rebajar el ritmo vertiginoso en el que se han visto inmersas las empresas en materia de sostenibilidad. “Lo que sí que estaría bien es un poco de tranquilidad para poder entender qué tenemos que hacer bien y que nos dé tiempo de implementarlo con un poco de más tiempo; es verdad que los últimos años, ha sido todo bastante frenético”, afirma. Señala que desde su compañía se ha actualizado el marco de financiación como parte de la estrategia y como respuesta a las demandas de los mercados de capitales. Informa de que el contexto de constantes modificaciones obliga a hacer un trabajo extra de actualización: “No hay ninguna actividad que yo no tenga que volver a explicar y justificar, cada dos años”, detalla. Es por eso que espera que, después de la simplificación, llegue un periodo de calma para ir implementando todos los cambios.

Los plazos de modificación

Lara de Mesa aplaude los esfuerzos del bloque por avanzar en una dirección en la que la normativa no afecte la competitividad y no represente un obstáculo. “Europa está haciendo algo muy excepcional que hasta ahora no había hecho: plantearse un ejercicio de simplificación de normativa recientemente aprobada y reabrir procesos de negociación”. En un ejercicio de proyección, vaticina que faltan unos meses hasta que se pueda ver “cómo encajan todas las piezas”: “Esperemos que en la primera mitad del año próximo tengamos más o menos certeza”, apunta.

González se une a la previsión y augura que “si todo va bien”, el tiempo mínimo para sacar una modificación de ese calibre son un par de años. “Confío en que 2026, o principios del 2027, si todo sigue con esta velocidad podamos saber un poco más qué aplica y cuándo aplica y dejándolo rodar a ver que tal funciona”. De todos modos, celebra los avances comunitarios: “El tiempo para responder a la pauta que le corresponde a Taxonomía dentro de la ley ómnibus ha sido récord, vamos en sexta”, menciona.

El riesgo de ignorar a la industria

En miras a ser un continente neutro para el año 2050, el desarrollo de tecnologías y su aplicación en el brazo industrial europeo es fundamental. Laura Fernández considera que muchas de las soluciones para la descarbonización a largo “todavía no existen”, por lo que “es totalmente comprensible pensar que hay que apoyar mucho el que se mejore cualquier tipo de negocio, de industria al margen de que no sea el que más contamina”. Por su lado, Lara de Mesa, señala que se está claro que las políticas climáticas tienen que estar alineadas con las políticas industriales: “Si eso no se hace, pues a veces lo que nos hemos encontrado, es que pasos que buscaban avanzar sólo nos han llevado a retroceder”.

Esther Moya sugiere que, si bien Europa avanza en la dirección adecuada, los intentos por avanzar en la senda verde no se deben dar a riesgo de deslocalizar industria: “Es un poco lo que podría estarnos pasando si solamente nos fijamos objetivos de descarbonización”, advierte. Asegura que hay una posibilidad real de reforzar el brazo productivo europeo. “Pero es muy importante escuchar a la industria y que no terminar comprando productos descarbonizados que se generan en otras latitudes”, como Estados Unidos o Asia, menciona.

También apunta que, del otro lado de la balanza, focalizar aprovechar todas las oportunidades que genera la transición energética puede derivar en cadenas de valor nuevas y reforzadas en el continente. Y puntualiza que el sector público tendrá que jugar un papel central para impulsar las tecnologías emergentes: “La parte de diálogo público-privado es fundamental, es que el reto es tan grande que solo la parte pública o solo la parte privada sería imposible”, señala.

En esta línea, De Mesa señala la creación del Consejo de Finanzas Sostenibles este año, y menciona que entre sus pedidos principales a la Administración está una mayor presencia de la industria en los espacios de negociación. “Las finanzas son un habilitador que tiene que acompañar este proceso, pero realmente el agente protagonista es la industria que tiene que reinventar el cómo está haciendo las cosas; al hablar sin ellos, se te queda muy corto el debate”, afirma.

La amenaza del greenwashing

Entre los principales obstáculos para movilizar capital hacia una economía más sostenible se erigen retos tanto estructurales como políticos. El riesgo de greenwashing, la falta de un estándar global unificado y la distancia entre objetivos climáticos globales y políticas nacionales son factores que limitan la eficacia de los esfuerzos actuales. Lara de Mesa opina que la mejor forma de evitar esta amenaza es “tener criterios claros, eliminar elementos voluntaristas o de postureo y llamar a las cosas por su nombre”.

“No se debería hacer afirmaciones gratuitas sin una solvencia detrás, pero tampoco hay que denigrar ni hay que dejar de poner en valor el que ”no solo lo puro verde tiene un mérito”, explica De Mesa. Por su parte, Fernández añade que hacer ecopostureo a nivel de producto en la Unión Europea puede representar grandes costes y arriesgar a las compañías. “Afirmar que un producto es sostenible y contribuye, ahora va acompañado de una carga de reporte que no tiene para mí sentido ni lógica ninguno hacer greenwashing a día de hoy”, concluye.