El Gobierno ofrece nuevas concesiones al transporte profesional ante el riesgo de colapso por la escalada del combustible

El diálogo entre el Gobierno y el sector del transporte por carretera va a trasladarse a la próxima semana en busca de un paquete adicional de medidas para paliar la escalada en la factura del combustible motivada por la guerra en Oriente Próximo, aunque las empresas han obtenido este viernes algunas nuevas concesiones. La situación límite que dicen vivir las compañías transportistas ha llevado a una nueva reunión de urgencia esta mañana entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio de Transportes. El encuentro, en el que el secretario de Estado José Antonio Santano ha representado al Ejecutivo, se ha producido tras un ultimátum del propio CNTC, con fecha final este 27 de marzo, antes de que comenzaran a producirse ceses de actividad.

El ministerio que lidera Óscar Puente ha constituido una mesa de diálogo para avanzar en el nuevo plan de ayudas a la carretera. Santano ha reiterado el “firme compromiso” con un sector que se considera vital para el funcionamiento del sistema productivo del país. En el nuevo cara a cara se han analizado las reivindicaciones del Comité Nacional y se ha acordado la implantación de varias de ellas mediante la publicación de una nota interpretativa del Ministerio. En el documento se incluirá que los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, ni IEH ni IVA. Esto implica que para el cálculo de la revisión del precio del transporte no se puedan considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias y temporales que incluye el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, el escudo anticrisis aprobado ayer en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio también va a ordenar de forma inmediata la aplicación de la fórmula para calcular la revisión del precio de los servicios de transporte cuando se haya producido una variación igual o superior al 5% en el combustible. El departamento de Puente y Santano ha destacado las gestiones realizadas ante la Comisión Europea para sacar adelante el primer paquete de medidas. En este sentido, se ha confirmado que España ha presentado la notificación del esquema de ayudas del referido Real Decreto-Ley 7/2026 que permita superar el límite máximo establecido en “minimis” (marco de la Unión Europea que establece la cantidad máxima de ayudas públicas que una empresa puede recibir sin considerarse ayudas de Estado). Ha habido una primera reunión técnica con los servicios comunitarios y se han remitido por escrito las aclaraciones requeridas por los equipos técnicos de la CE.

Para próximos encuentros restan asuntos como la modificación de la fórmula de indexación que responda a la variación del precio del combustible en cada momento; la eliminación del límite de 50.000 litros que se aplica para la devolución del gasóleo profesional, o la supresión del pacto en contrario en la obligación de desglosar en la factura del servicio de transporte el ajuste por variación del precio del carburante prevista en el Real Decreto-Ley 3/2022.

El ministro Óscar Puente había abonado esta misma mañana el terreno hacia un acuerdo. “Nos ha faltado un poco de ambición, pero no por falta de voluntad”, ha reconocido en un foro organizado por eldiario.es refiriéndose al primer lote de ayudas al transporte. Mientras Santano atendía al CNTC, el numero uno del ministerio lanzaba un mensaje nítido para evitar conflictos, al asegurar “estar muy abierto” a escuchar las reclamaciones de los transportistas. El dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra una subida del 3,3% en la inflación este marzo, con fuerte protagonismo de los combustibles.

Por la parte empresarial han acudido al ministerio el presidente del CNTC, Javier Arnedo, el vicepresidente, Carmelo González, y el secretario del organismo interlocutor ante la Administración, Juan Luis Fernández-Prieto. Desde el colectivo se había comprometido “responsabilidad ante la creciente tensión en el sector”, se dijo ayer a través de un comunicado. También se hablaba de un “profundo malestar” y de un “ejercicio continuo de contención ante unas bases que reclaman medidas más contundentes”. La reivindicación principal se centra en la necesidad de mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual, así como en la implantación urgente de la cláusula de indexación. Es esta última la que permite ajustar el peso del combustible y su precio en los costes de explotación de forma incluso diaria.

En el CNTC se estima que desde el inicio del conflicto bélico en Irán, el pasado 28 de febrero, cada vehículo pesado soporta un sobrecoste medio de 600 euros semanales en combustible, lo que lleva el sobrepeso económico para el sector por encima de los 450 millones de euros. Una de sus quejas es que esa losa está siendo asumida por los transportistas ante la falta de mecanismos de actualización inmediata de precios frente a los cargadores.

El plan puesto en pie por el Gobierno, en respuesta al conflicto en Irán, tiene entre sus medidas la rebaja del IVA del combustible 21% al 10% y la del impuesto de hidrocarburos al mínimo permitido. También se bonifica el consumo a los transportistas acogidos al gasóleo profesional, con 20 céntimos por litro hasta el 30 de junio. Desde el CNTC se viene reclamando a los cargadores que apliquen correctamente, adaptándola a los costes reales y con rapidez, la cláusula del gasóleo, recordando también que la Ley de la Cadena de Transporte prohíbe de forma explícita operar por debajo de costes.