El Gobierno retoma la negociación sobre la jornada de 35 horas en la Administración central con el objetivo de aprobarla en marzo

El Gobierno quiere retomar las negociaciones con los sindicatos para intentar acelerar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que esta se apruebe definitivamente ya este mes de marzo (la jornada actual es de 37,5 horas). Para ello, y tras el paréntesis negociador impuesto por las elecciones en Castilla y León, los responsables de Función Pública han convocado a los sindicatos (CC OO, UGT y CSIF) a una nueva comisión permanente de la mesa general de negociación de la Administración General del Estado, de carácter técnico, para terminar de negociar las condiciones y los colectivos a los que se aplicará esta reducción de la jornada. El encuentro se celebrará el próximo 19 de marzo y, casi con toda seguridad, no será la última reunión técnica antes de que se convoque la mesa general de la AGE, a final de mes, que será el órgano encargado de llevar a cabo la aprobación definitiva del nuevo horario para los empleados públicos estatales, según fuentes conocedoras de estas reuniones.

Las negociaciones para acordar las condiciones de esta modificación de jornada se suspendieron a finales de febrero para no interferir en la campaña electoral de Castilla y León con la aprobación de una medida que podía ser susceptible de considerarse electoralista si se hubiera aprobado entonces. Tras las últimas reuniones, quedaban aún algunos flecos por cerrarse, fundamentalmente, la fijación de todos los colectivos a los que afectará, ya que Función Pública quiere excluir a los trabajadores de instituciones penitenciarias y los sindicatos exigen que también les afecte la nueva jornada.

La propuesta del Gobierno es dejar fuera de las 35 horas al personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al de instituciones y establecimientos sanitarios o que presten servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia. Si bien los sindicatos defienden que estos últimos, sobre todo, se incluyan, al igual que los de instituciones penitenciarias. La medida que pretende aprobar el Ejecutivo afectará directamente a más de 200.000 empleados de la Administración central y, de manera indirecta, a todos los ayuntamientos, cuya jornada esté referenciada a la del Estado.

Una vez que se celebren las dos reuniones preparatorias que quiere llevar a cabo la Secretaría de Estado de Función Pública, se convocará —previsiblemente los últimos días de marzo— la mesa general de negociación estatal. Este órgano dará las instrucciones pertinentes a los responsables de los diferentes departamentos del sector público estatal para su aplicación. Además, la Secretaría de Estado emitirá después una resolución con las instrucciones detalladas y, en todo caso, se realizarán las adaptaciones indispensables para la cobertura del servicio, en especial en atención a la ciudadanía y la organización de los turnos de trabajo, añaden estas fuentes. Después de todo esto, la instrucción de jornadas y horarios de la AGE quedará modificada y se publicará en el BOE. De esta forma, los plazos que manejan en el Ministerio de Función Pública y los sindicatos es que en marzo arranque la vigencia de esta jornada.

Además, el próximo martes, los responsables gubernamentales de Función Pública también convocarán a los sindicatos a otra reunión, en este caso de la Comisión técnica de temporalidad y empleo, donde el Gobierno pretende comenzar a hablar de las líneas generales de la oferta pública de empleo para 2026. La intención del Ejecutivo es acelerar el diseño de dicha oferta, que suele retrasarse habitualmente hasta el mes de julio. En este segundo encuentro, Función Pública también abordará la elaboración del real decreto que establecerá el acceso y la provisión de puestos de personas con discapacidad.