La inversión en España encadena cinco años de crecimiento, pero sigue por debajo de los máximos de principios de siglo

La inversión en la economía española mantiene el impulso. Por quinto año consecutivo, el dinero destinado a modernizar fábricas, tecnología e infraestructuras ha aumentado, prolongando una racha de crecimiento que ya se consolida como una de las más largas desde la crisis financiera. Según un informe publicado este martes por la Fundación BBVA y el Ivie, la inversión total ―pública y privada― creció un 5,1% en 2025 hasta alcanzar los 347.000 millones de euros. Sin embargo, pese a esa tendencia positiva, el avance aún no basta para cerrar la brecha abierta tras el estallido de la Gran Recesión y como consecuencia, España continúa sin recuperar los niveles de inversión que alcanzó en 2007.

La incapacidad del país para volver al punto de partida de hace casi dos décadas refleja un cambio profundo en la economía. Durante los años del bum inmobiliario, el país invertía casi un 30% de su riqueza nacional; hoy, ese esfuerzo inversor se queda en el 20,6%. El indicador no solo se mantiene casi 10 puntos por debajo del nivel previo a la gran crisis, sino que tampoco alcanza para ponerse a la par de las grandes potencias europeas como Alemania o Francia, donde el porcentaje de la inversión sobre el PIB (es decir, el esfuerzo inversor) se sitúa en el 22%.

En línea con la tendencia del último lustro, el impulso de la inversión ha estado liderado por el sector público. La llegada de los fondos europeos Next Generation ha permitido que la inversión de las Administraciones creciera un 9,1% en 2025, situándose un 56% por encima del nivel previo a la pandemia. El sector privado también ha mantenido el dinamismo: la inversión empresarial aumentó un 4,6% y ya supera con holgura el bache provocado por la covid.

Más significativo aún es el cambio en el destino de esos recursos. España ha comenzado a alejarse de su histórica dependencia del ladrillo para dirigir más capital hacia activos tecnológicos y conocimiento. El informe destaca que el país, junto con Estados Unidos, figura como el que más ha incrementado su inversión en tecnología, software e investigación y desarrollo en las últimas décadas. Antes de la crisis de 2008, la construcción concentraba el 68% de la inversión; hoy ese peso se ha reducido a algo más del 50%, incluyendo activos residenciales (viviendas) y no residenciales (naves, locales comerciales, despachos e infraestructuras como centros deportivos).

Ese giro hacia un modelo más digital tiene, sin embargo, consecuencias visibles en el mercado de la vivienda. La construcción residencial avanza, pero a un ritmo claramente insuficiente para cubrir la demanda. En 2025 se crearon más de 226.000 nuevos hogares, mientras que apenas se levantaron unas 88.000 viviendas, según las estimaciones de los analistas, un desequilibrio que ayuda a explicar la creciente dificultad de muchas familias para acceder a una casa. En cuanto a la inversión en otro tipo de construcciones, el descenso también es acusado y sigue condicionado por el exceso de infraestructuras y edificios levantados antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchas de esas instalaciones —desde naves y complejos empresariales hasta proyectos que nunca llegaron a usarse plenamente— siguen formando parte del stock existente, lo que reduce la urgencia de levantar nuevas construcciones en la actualidad.

El dato más preocupante que arroja el estudio es el deterioro de la inversión en las infraestructuras productivas. Carreteras, ferrocarriles y obras hidráulicas han perdido protagonismo en las cuentas públicas. Si en 2009 representaban el 61% de la inversión del Estado, hoy apenas alcanzan el 38%.

La situación resulta más delicada en el mantenimiento de las infraestructuras existentes. De acuerdo con los investigadores, en ámbitos como el agua o el ferrocarril, el gasto es tan limitado que ni siquiera compensa el desgaste natural de las instalaciones. En términos prácticos, esto implica que el país está consumiendo su capital público más rápido de lo que lo repone. Desde 2014, el valor de las infraestructuras productivas se ha reducido en 11.000 millones de euros. Las obras aeroportuarias y las hidráulicas son el caso más extremo: la inversión ha caído un 19,1% y un 4,8% en la última década.

Estos porcentajes, que pueden parecer pequeños, cobran relevancia en un contexto en el que el país se encuentra cada vez más expuesto a los efectos del cambio climático, como sequías o inundaciones. “Las catástrofes debilitan gravemente las dotaciones de infraestructuras allí donde impactan”, se lee en el documento, e insiste en la necesidad de hacer esfuerzos adicionales de inversión para cubrir las pérdidas de capital que provocan este tipo de fenómenos naturales.

El impacto de la crisis climática y la falta de inversión no se reparten de forma equitativa por todo el mapa español, sino que se ceba en territorios específicos. Además, los investigadores inciden en la brecha que se abre cuando las autonomías no invierten de manera preventiva. El caso que ponen de ejemplo es el de la Comunidad Valenciana con la dana de 2024. Para cubrir anticipadamente la eventualidad de fenómenos como el sufrido, se requería elevar la inversión anual del territorio entre un 3,3% y un 23,2% según el escenario climático. Por el contrario, tener que hacer frente a los gastos en un solo ejercicio para reponer los activos perdidos eleva dichas tasas entre el 119,7% y el 848,2%. Esta desproporción extrema pone de manifiesto que el esfuerzo inversor no solo debe aumentar en volumen, sino que debe repartirse de manera preventiva y territorial para evitar que una sola catástrofe borre de golpe el capital acumulado durante décadas.