Los sindicatos pausan la negociación sobre bajas hasta que el Gobierno cumpla en materia de jubilaciones

Lo habían advertido y lo han cumplido. Los negociadores sindicales de CC OO y UGT en la mesa del diálogo social que aborda la gestión de las bajas laborales se han plantado este lunes y han decidido dejar en suspenso las negociaciones sobre incapacidad temporal hasta que el Gobierno no corrija algunas cuestiones en materia de jubilaciones que están pendientes desde la última reforma de pensiones. Así lo han confirmado fuentes asistentes al encuentro mantenido por sindicatos y patronal con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, quien ha trasladado a los interlocutores sociales que el ministerio que dirige Elma Saiz está en vías de solucionar sus demandas. No obstante, fuentes de CC OO precisan que no abandonan la mesa y que su intención es negociando.

“Hemos acudido a la reunión de hoy [por este lunes] por cortesía y por las buenas relaciones que hay entre todos los negociadores, pero no vamos a avanzar con las bajas ni con nada más hasta que no se solucione lo que está pendiente”, han explicado fuentes sindicales. “El Gobierno se empeña en convocar cuando les hemos dicho que no avanzamos en otras materias hasta que resuelvan las que suponen incumplimientos o cumplimientos parciales de lo ya acordado”, añade otra fuente sindical de la mesa. Aunque se trata de exigencias sindicales, la patronal comparte su planteamiento.

Los representantes de CC OO y UGT exigen dos modificaciones normativas en materia de jubilaciones para seguir avanzando en el tema de las bajas. En primer lugar, reclaman a la Seguridad Social un cambio normativo que desbloquee la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas, sobre todo de las comunidades y ayuntamientos. Miles de trabajadores esperan desde abril pasado a jubilarse por esta vía, pero no pueden debido a la nueva legislación tras la reforma de pensiones de hace más de un año.

El personal laboral de las Administraciones es el único del sector público que podía retirarse de manera parcial. Así era hasta que entraron en vigor el pasado abril las nuevas condiciones de acceso a esta modalidad de jubilación para todos los trabajadores asalariados (incluidos estos empleados del sector público), que habían sido aprobadas en la última reforma de pensiones. Las nuevas condiciones exigen que los trabajadores relevistas que obligatoriamente deben de sustituir al jubilado parcial tengan un contrato indefinido, a jornada completa y de al menos dos años de duración.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suavizó en septiembre la última exigencia, autorizando la contratación de otro relevista si el primero cesaba en el empleo antes de los dos años. Pero el problema que se están encontrando las Administraciones es de base, ya que la rigidez del proceso de contratación pública impide siquiera encontrar a los trabajadores relevistas en el plazo necesario para que se produzcan las jubilaciones parciales. La situación ha llevado a que haya miles de retiros de este tipo en toda España y en casi todas las Administraciones que están paralizados desde hace más de un año.

Solo la Administración estatal ha habilitado una tasa adicional específica para contratar relevistas; mientras que comunidades como Navarra han empezado a tomar medidas de ayuda a los contratos de relevo. Pero en ninguno de los dos casos, las medidas están desbloqueando de forma general la paralización a la que se enfrentan en la práctica estas jubilaciones. “Hará falta una disposición con rango de ley que, si se quiere de forma transitoria, no contabilice la contratación de relevistas en las ofertas de empleo público, o algo similar”, precisa uno de los negociadores sindicales.

La segunda exigencia que ha llevado a los sindicatos a suspender la mesa del diálogo social tiene que ver con las condiciones de jubilación de los trabajadores con bases máximas de cotización que son incluidos en un despido colectivo y acceden a la jubilación anticipada forzosa. CC OO y UGT reclaman a la Seguridad Social aclare la interpretación de la disposición transitoria 34 del acuerdo de pensiones de 2021, que reformó los coeficientes penalizadores de las jubilaciones anticipadas.

Al colectivo de jubilados anticipados forzosos provenientes de un ERE se les venía aplicando una fórmula con la que la penalización sobre la prestación de jubilación se calculaba sobre la pensión inicial y no sobre la máxima. Esto se traducía en un menor recorte de la pensión de estos jubilados. Sin embargo, los sindicatos denuncian un cambio en la interpretación de la medida y exigen al Gobierno que garantice la jubilación en las mejores condiciones para el personal que se tiene que retirar anticipadamente por un ERE.

Fundamentalmente, los afectados por esta última cuestión son trabajadores con bases altas de cotización incluidos en ERE como los recientes de Telefónica, de empresas metalúrgicas o del sector financiero.