Consumo fuerza la retirada de más de un centenar de anuncios turísticos en territorios palestinos ocupados

Seis portales de alquiler vacacional han eliminado más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos situados en territorios palestinos ocupados por Israel. La supresión de esta publicidad, considerada ilícita por el Gobierno español, se produce después de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abriera un expediente el pasado mes de diciembre a siete multinacionales del sector por incumplir el artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

De los 138 anuncios cuya retirada fue requerida por estar ubicados en códigos postales de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, se han eliminado ya 108, mientras que los otros 30 se mantienen activos en una séptima plataforma que sigue bajo supervisión del departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Aunque el requerimiento se mantiene abierto a este último portal, el ministerio no ha fijado un plazo concreto para la retirada de los anuncios restantes ni ha facilitado los nombres de las compañías afectadas. Tampoco ha precisado qué tipo de sanciones podrían imponerse en caso de incumplimiento, aunque la normativa prevé la posible aplicación de multas.

Consumo ha tardado cuatro meses en conseguir la eliminación de estos anuncios, desde que a finales de septiembre anunciara la investigación a varias compañías por posible promoción en España de productos o servicios procedentes de territorios palestinos ocupados, obteniendo ventajas económicas de esa situación.

La apertura de la investigación se apoyó en el informe difundido en julio del año pasado por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, que apuntaba a varias empresas por lucrarse con la ocupación y advertía de la existencia de más de 371 colonias y asentamientos ilegales construidos con maquinaria de firmas internacionales, empleada también en la demolición de viviendas palestinas.

Ese mismo mes, el ministro Bustinduy aseguró, durante la presentación del acto Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina, que su departamento pondría “todos los recursos necesarios” para garantizar que ninguna compañía que opere en España tenga sus cuentas de resultados “manchadas con la sangre del pueblo palestino”.

Posteriormente, en septiembre, Naciones Unidas dio a conocer un informe en el que identificaba a 158 empresas con actividades “preocupantes en materia de derechos humanos” en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania, de las cuales 138 eran empresas israelíes y 20 extranjeras, repartidas en diez países. Entre las empresas señaladas destacaban las grandes plataformas turísticas globales como Airbnb y Booking. Dicho informe también impulsó la investigación por parte de Consumo.

Su actuación se ampara en el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina. En particular, el artículo 4 de la norma considera ilícita la promoción de actividades económicas que contribuyan a consolidar la ocupación de territorios palestinos o a normalizar situaciones contrarias al derecho internacional. El real decreto, publicado el 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, también incluye el embargo total de armas a Israel, la prohibición de importar productos originarios de estos territorios y la negativa a autorizar el tránsito por España de combustibles con posible uso militar en Israel.

El procedimiento forma parte de una línea de actuación más amplia del Gobierno español. Hace dos semanas, Consumo anunció que estaba analizando si algunas empresas presentes en Feria Internacional de Turismo (Fitur), desde el expositor de Israel, estaban promocionando viajes o paquetes turísticos a lugares como Jericó, en la Cisjordania ocupada.