Las víctimas de Angrois: “Las aseguradoras intentan pagar poco, tarde o nunca”

12 segundos catastróficos seguidos de 12 años de maraña judicial e indemnizatoria. Eso es lo que han vivido las víctimas del accidente ferroviario de Angrois —en 2013, con 80 fallecidos y 144 heridos—. Y eso es lo que temen que padezcan los afectados por la tragedia de Adamuz.

Cristóbal González Rabadán tenía entonces 51 años, estaba haciendo el Camino de Santiago en bicicleta y había cogido el tren para llegar a la catedral el día del Apóstol. Este militar, ya jubilado, preside la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Tren Alvia de Santiago (Apafas). “Estos días están siendo muy duros porque tanto yo como el resto de víctimas estamos reviviendo todo lo que pasamos”, explica Rabadán en conversación telefónica.

En el caso del siniestro de 2013, la evolución judicial se dilató durante más de una década, provocando un estado de exasperación constante entre el colectivo de heridos y familiares de fallecidos. No fue hasta 2024 —11 años después del accidente— cuando un juzgado condenó al maquinista del Alvia a dos años y medio de cárcel y a las aseguradoras implicadas a pagar 25 millones de euros a los afectados. Esto, en primera instancia. Ahora queda la apelación en la Audiencia Provincial de A Coruña —un juicio que podría celebrarse en 2026— y luego un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“La pérdida de vidas humanas y las secuelas físicas y psicológicas son lo más duro, qué duda cabe, pero el berenjenal legal que se forma después es de lo más desesperante”, se queja Rabadán. “Las aseguradoras te intentan pagar poco, cuanto más tarde, mejor y, si pueden, nunca. Y con las Administraciones tampoco puedes contar”, apunta el presidente de la asociación.

La madeja administrativa y judicial que se desplegará tras el accidente de Adamuz no acaba sino de empezar a embrollarse. La Guardia Civil, los investigadores del Ministerio de Transportes y los peritos de las compañías aseguradoras ya llevan días trabajando sobre el terreno para tratar de establecer las causas que provocaron el descarrilamiento. “Conocer el motivo exacto que desencadenó el siniestro es fundamental de cara a las indemnizaciones”, explica un empleado del departamento de casos complejos en una gran compañía aseguradora. “Si las distintas partes estuvieran de acuerdo en esa causa, se facilitaría mucho todo el proceso, pero no suele ser lo habitual”.

Las personas damnificadas, ya sean pasajeros heridos o familiares de víctimas mortales, sí que podrán contar en un plazo breve —no más de tres meses, habitualmente—, con las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV). Todos los ocupantes del tren Iryo y del Alvia que chocaron el domingo en Córdoba tendrán derecho a percibir una compensación. Basta con que acrediten que compraron el billete para ese fatídico viaje.

La indemnización del SOV en caso de fallecimientos es de 72.121 euros. Los lesionados más graves pueden llegar a cobrar hasta 84.141 euros, y los más leves —por una costilla partida, por ejemplo— tienen derecho a percibir 2.400 euros. Además, las aseguradoras que cubren este seguro obligatorio en Iryo y Renfe (la operadora del Alvia) también tendrán que hacerse cargo de todos los gastos médicos. La compañía estadounidense AIG tiene la póliza SOV de Iryo y la irlandesa Everest, la de Renfe.

La maraña se enreda

A partir de aquí, la maraña se enreda mucho más. La póliza mencionada es la más básica, pero el causante del accidente debe asumir la responsabilidad civil del accidente. “Las aseguradoras que cubren a las empresas que sean señaladas como responsables, deberán hacerse cargo de todos los daños y perjuicios causados, desde unas mayores indemnizaciones para las familias de los fallecidos o heridos, a los daños causados en las infraestructuras o el lucro cesante para otras operadoras ferroviarias que ahora no pueden operar por el cierre de esa línea”, explica la especialista en siniestros.

Para calcular las indemnizaciones para los pasajeros, los jueces utilizarán como referencia el baremo de accidentes de tráfico, que fija unos importes muy superiores a los del seguro obligatorio de viajeros. Además, ese baremo tiene en cuenta factores como la edad de las víctimas o la pérdida de opciones profesionales que ocasionó el siniestro.

En el caso del accidente del domingo en Adamuz, es la aseguradora australiana QBE quien se hará cargo de la responsabilidad civil que deba asumir el gestor de las vías de tren, Adif, así como de Renfe. Si los técnicos determinaran que el siniestro tiene su origen en un defecto en los raíles, sería Adif y su compañía de responsabilidad civil quienes tendrían que hacerse cargo.

Por contra, si se demostrara que la causa del choque es un problema del tren de Iryo, sería esta última, y su aseguradora quienes tendrían que asumir los pagos de unas indemnizaciones que podrían superar los 15 millones de euros. “Yo a las víctimas de Adamuz lo único que les puedo transmitir son mis ánimos, y pedirles que busquen a buenos asesores legales, porque los van a necesitar a lo largo de los próximos años”, apunta Cristóbal González Rabadán, de la asociación de víctimas del Alvia de Santiago.

La situación se podría complicar aún más si se empieza a imponer la tesis de que ha habido un fallo en la instalación de las vías —que se renovaron hace solo ocho meses—, o en su mantenimiento. “Aquí podrían entrar en juego demandas contra las empresas que acometieron esas obras, o las que las diseñaron, o las subcontratas”, apunta otro experto del sector asegurador, con más de 25 años en la profesión. En el caso del accidente del avión de Spainair —154 fallecidos en el aeropuerto de Barajas, en 2008— se llegó a investigar a dos técnicos de mantenimiento, que finalmente fueron absueltos.

Lo que parece inevitable es que antes o después el caso acabe en un juzgado de lo penal, que determine si ha habido algún tipo de culpa o negligencia que acabó provocando uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de la historia de España.