Los sindicatos piden “garantías” al Gobierno de que reducirá en febrero la jornada a 35 horas para los empleados de la Administración central

El Gobierno y los sindicatos de funcionarios se han reunido este miércoles para tratar varios asuntos pendientes, más allá del acuerdo salarial que alcanzaron a finales del año pasado. En este encuentro han conversado, entre otros temas, sobre la reducción de la jornada a 35 horas para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). El compromiso del Ejecutivo es aprobar esta contracción de jornada en febrero, pero las centrales ahora siembran dudas sobre el planteamiento. Según han criticado CC OO y UGT en una nota conjunta, el Ministerio de Función Pública les ha propuesto que el recorte de jornada se apruebe mediante los Presupuestos Generales del Estado, lo que en opinión de los sindicatos dilataría de forma injustificada el compromiso del Ejecutivo.

“UGT y CCOO salen muy decepcionadas con la reunión en la que el Gobierno nos ha trasladado que lo idóneo para ellos es esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas en la AGE con rango de Ley, lo que retrasaría su implantación, por lo que hemos expresado nuestra discrepancia”, dicen los sindicatos en una nota de prensa conjunta.

Un portavoz de Función Pública ha declinado hacer valoraciones sobre la reunión. Fuentes de la negociación subrayan que Función Pública no ha enmendado su compromiso de aprobar las 35 horas en febrero, que ha planteado que el recorte se vincule a los Presupuestos para blindarlo, pero que en principio se mantiene el compromiso respecto al segundo mes del año. Según expresan los sindicatos, estos han exigido ”garantías" para la implantación de la jornada de 35 horas en la AGE “el próximo mes de febrero o principios de marzo”.

En la década de los noventa, muchas Administraciones públicas ya aplicaron las 35 horas, pero no la estatal. En 2012, los recortes motivados por la Gran Recesión eliminaron esta modalidad y la prohibición se mantuvo hasta los Presupuestos de 2018. Desde entonces, varias Administraciones autonómicas y municipales han recuperado o implantado esta jornada. De aprobarse ahora, el recorte no solo beneficiaría a los 246.000 trabajadores de la AGE, ya que algunas corporaciones locales se rigen por la normativa estatal.

El otro sindicato más representativo en la Administración, CSIF, también exige el recorte de jornada a 35 horas. Pero no ha participado en la reunión de este miércoles porque se da en el marco del Acuerdo para una Administración del siglo XXI, suscrito en 2022 y que este sindicato no suscribió. Desde CSIF subrayan que también exigen que el Gobierno cumpla su compromiso de que Función Pública apruebe las 35 horas en el inicio de 2026 mediante una resolución. La semana que viene hay otra reunión en la que sí participa CSIF y en ella también insistirá en la ampliación del teletrabajo en la Administración.

“Esperamos que, en la próxima reunión, que será el miércoles 28 de enero, tengamos certezas y avances. De lo contrario, nos reservamos la posibilidad de emprender las acciones que consideremos oportunas para llevar a buen término estas materias del todo imprescindibles”, denuncian CC OO y UGT en su nota de prensa, en la que también abordan la recuperación de la jubilación parcial en la AGE.

Jubilación parcial

Las centrales destacan que el compromiso del Ejecutivo era recuperar esta modalidad de retiro del personal laboral antes de finales de 2025, tras haber sido suspendida desde el 1 de abril. “Se trata de un asunto prioritario para ambas organizaciones y vital para poder continuar en la buena línea de negociación que se ha abierto con el nuevo equipo de Función Pública”, expresan CC OO y UGT. Sobre la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario, las centrales denuncian que “son compromisos incumplidos del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia expiró en diciembre de 2024, y que resulta igualmente perentorio cerrar”.

El último acuerdo de Función Pública con los sindicatos fue sellado a finales de noviembre, un pacto salarial que garantiza un incremento acumulado de las nóminas del 11% hasta 2028. Desde el último mes de 2025, se aplica un incremento del 2,5% y en 2026, de otro 1,5%. Estas subidas afectan a los 3,5 millones de trabajadores públicos.