El apagón, la trama de Koldo y el ‘caso Montoro’ marcarán la agenda judicial económica de 2026

La agenda judicial del año 2026 se presenta cargada de asuntos de gran calado político y empresarial. Una parte importante de la atención se concentrará en la Audiencia Nacional, que tiene entre manos uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años, con profundas ramificaciones económicas, como es el caso Koldo o caso Ábalos, que ha salpicado directamente a empresas como Acciona, Adif o o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Pero este no es el único frente judicial relevante. También está pendiente de resolverse el origen y las consecuencias del apagón que sufrió la península Ibérica el pasado 28 de abril, así como la celebración de una serie de juicios que llevan años y años esperando fecha para escuchar el esperado “visto para sentencia”.

Junto a todo ello, las miradas se dirigirán con especial interés hacia Tarragona, donde se esperan nuevos avances del caso Montoro. Esta causa estalló en verano del año pasado tras revelarse que un juez lleva investigando desde 2017 (y bajo secreto de sumario desde 2018) al exministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, y a Equipo Económico, el despacho de asesoría que montó en 2006 ―entonces bajo el nombre de Montoro y Asociados― y del que se desvinculó dos años más tarde, por presuntamente traspasar los límites del lobby al influir en determinados proyectos legislativos que beneficiaron a sus clientes, entre los que figuraban nombres como Ferrovial, Abengoa o Redeia (aunque no están investigadas). El juez de Tarragona deberá tomar declaración a los imputados por este caso, entre los que se encuentra el extitular de Hacienda y los socios del despacho de asesoría fiscal, antiguos cargos del Ministerio y de la Agencia Tributaria durante las etapas de Montoro en el Gobierno.

Por otro lado, la Audiencia Nacional arrastra desde hace años varias causas históricas a la espera de fecha de juicio. Una de ellas es la relativa a la caída del Banco Popular, en la que están acusados el expresidente de la entidad desaparecida, Ángel Ron, y 12 exdirectivos por presuntamente engañar a los inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016 con información que “no reflejaba la imagen fiel” del banco. En el banquillo de los acusados también se sentarán la auditora PwC (como persona jurídica) y los dos socios que revisaron las cuentas del banco.

Otra vista oral pendiente, al menos desde mediados de 2019, es la abierta por el presunto falseamiento de cuentas de Gowex, la empresa que proveía de wifi gratuito a ciudades como Madrid, Nueva York, París, Dublín o Dubái, y que estaba liderada por Jenaro García, quien se enfrenta a una petición fiscal de hasta 18 años de cárcel. El escándalo salió a la luz hace 11 años, después de que el fondo bajista Gotham City Research ―principal investigado ahora en otra causa por supuesta manipulación del mercado por una información que dio sobre la farmacéutica Grifols― publicara un informe crítico destapando una serie de irregularidades.

Y en la misma situación, pero desde julio de 2021, se encuentra el presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, y su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, ambos acusados de delitos societarios y contra el mercado por presuntas irregularidades en la ampliación de capital que la constructora llevó a cabo en 2015 por el importe de más de 384 millones de euros. El fiscal les pide ocho años de prisión a cada uno de ellos.

Precisamente, la empresa de infraestructuras e inmobiliaria no pasa por su mejor momento. En septiembre se vio obligada a solicitar el concurso de acreedores tras no lograr las mayorías para aprobar su plan de reestructuración de una deuda cercana a los 200 millones de euros. A este escenario se le ha sumado el conflicto con sus auditores: el externo rechazó emitir el informe de auditoría de las cuentas de 2024, lo que precipitó las negociaciones con los acreedores y la suspensión de la cotización; y el interno denunció a Acedo ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar descuadres en la contabilidad, según informó El Mundo. Mientras el ministerio público analiza esta denuncia y decide si la judicializa o no, el máximo responsable de la empresa y su antecesor están pendientes de que la Audiencia Nacional ponga fecha para juzgar la investigación penal que les persigue desde hace casi ocho años.

Mercasa

Marcado en rojo está ya febrero de 2026 para juzgar en la Audiencia Nacional a 18 personas y cuatro mercantiles por el caso Mercasa. La empresa pública que gestiona los mercados centrales de abastecimiento en España ―que ostenta la doble condición de acusación y acusada―, se encuentra en medio de una trama de corrupción por el presunto pago de comisiones ilegales para conseguir contratos en Angola entre 2006 y 2016, como la construcción de un mercado de abastos en Luanda. En el banquillo de los acusados se sentarán también el expresidente de la compañía pública, el exdiputado del PP Miguel Ramírez González; además de los exdirectivos Arturo Cortés de Cruz y María Jesús Prieto Jiménez; el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y el diplomático José María Castroviejo, que estuvo destinado en Angola como embajador de España entre enero de 2009 y junio de 2012.

En la agenda de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional está señalado el 26 febrero para la declaración como investigado de Daniel Yu, el fundador de Gotham City, la firma inversora que acusó a Grifols de maquillar sus cuentas y que provocó su desplome en Bolsa en enero de 2024. El fondo bajista señaló en un informe, difundido por la red social X, que el valor de la acción probablemente sería cercano a cero euros, si bien la Fiscalía Anticorrupción considera que la publicación de dicha información fue una maniobra para obtener plusvalías millonarias. Esta investigación se tramita en paralelo a la denuncia por difamación presentada por Grifols en los tribunales de Nueva York, y que previsiblemente se juzgará en 2027 con un jurado popular, en relación a una de las afirmaciones del documento, que indicó que la compañía de plasma sanguíneo ocultó un préstamo de 95 millones de euros a Scranton Enterprises (holding vinculado a la familia Grífols), cuando no era así.

Sin duda, entre los grandes protagonistas judiciales del año estarán el exministro José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García; la exmilitante del PSOE Leire Díez (a quien nadie conocía hasta hace un año); el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán; y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, entre otros. Todos ellos están investigados, a caballo entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en procedimientos distintos pero conectados, relacionados con el presunto amaño de adjudicaciones públicas y el cobro de comisiones ilegales.

Todo empezó con el denominado caso Koldo, liderado por el excolaborador de Ábalos y el empresario Víctor de Aldama por supuestas mordidas vinculadas a contratos irregulares de mascarillas durante la covid-19. La implicación del exministro hizo que el alto tribunal también entrara en juego, debido a su aforamiento por su condición de diputado. De hecho, el magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente ya ha ido cerrando líneas de investigación, y el pasado 11 de diciembre envió a juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la línea principal, relacionada con la venta de material sanitario durante la pandemia, mientras prosigue con el análisis de otras ramificaciones que se han extendido hasta el que fuera número 3 de los socialistas, centradas en más adjudicaciones públicas y las posibles comisiones cobradas.

El descubrimiento de nuevos hechos y conexiones con el caso Cerdán ha provocado que la Audiencia Nacional también imputara a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, y a tres directivos de Acciona (las compañías no están investigadas). La aparición en el sumario de la cotizada ha motivado que la dirección de la empresa encargue una investigación interna para depurar responsabilidades y la creación de una comisión especial, formada por notables del mundo económico, para revisar su política de anticorrupción. La madeja siguió enredándose hace unas semanas cuando la Guardia Civil detuvo al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; a Leire Díez y a Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la empresa que canalizaba las comisiones que supuestamente cobró Cerdán, por el reparto de primas irregulares relacionadas con cinco operaciones de un total de 132 millones, como el rápido rescate a Tubos Reunidos en julio de 2021 o una adjudicación pública a la empresa navarra por parte de Mercasa.

Las derivadas del apagón y el ‘caso Villarejo’

Otra de las investigaciones en curso es la del apagón, que a su vez suma distintas derivadas. Por la vía penal, un juez investiga si la caída del sistema eléctrico pudo deberse a un ciberataque. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió diligencias de oficio (sin denuncia) justo un día después del incidente, el 29 de abril, y aún siguen estudiando la información recabada bajo secreto de sumario, pese a que el comité de expertos creado ad hoc por el Gobierno para dilucidar las causas del cero eléctrico descartase la posibilidad del sabotaje, aunque sí identificó varias “vulnerabilidades” de esa índole en el sistema.

Iberdrola se personó como perjudicada en esta causa, pero al mismo tiempo presentó un recurso, por la vía contenciosa-administrativa, en el Tribunal Supremo contra la formación de dicho grupo, al entender que no tenía cobertura legal. Ese comité dio a conocer sus conclusiones el 17 de junio, y repartió culpas tanto para Red Eléctrica como para las grandes eléctricas, aunque sin mencionarlas expresamente. Desde antes de conocerse este veredicto, se oían rumores en el sector de cuál iba a ser la conclusión final, lo que llevó a la compañía pilotada por Ignacio Sánchez Galán a adelantarse y recurrir al alto tribunal. Sin embargo, la máxima instancia judicial ha enviado esta discusión jurídica a la Audiencia Nacional, al entender que este órgano es el que tiene competencia para esclarecer si dicho comité es legal. Asimismo, habrá que ver si finalmente el fuego cruzado entre las eléctricas y el operador del sistema, presidido por le exministra Beatriz Corredor, por las causas del apagón acaba también en los tribunales.

En la agenda judicial de 2026 no puede faltar el caso Villarejo. La Audiencia Nacional ha juzgado ya varias líneas de investigación de la treintena que conforman la macrocausa, que se inició en octubre de 2017 con la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo, y ha concluido que los espionajes del expolicía eran trabajos privados. Esto ha hecho decaer la principal acusación, la del cohecho, que es el delito que vertebra toda la causa.

Así ha ocurrido con la pieza separada relacionada con los encargos que hicieron Repsol y CaixaBank. En este caso solo fueron a juicio los exjefes de seguridad de ambas compañías (por ser quienes contrataron al comisario), además del propio Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, y finalmente han sido absueltos. Similar recorrido puede tener la causa que salpicó a Iberdrola, por la que, a nivel corporativo, solo llegará a ponerse delante del tribunal el exdirector de seguridad corporativa. De momento, no hay fecha prevista para el juicio. No obstante, la atención estará puesta en qué pasa con BBVA, la única compañía del Ibex 35 que sí está procesada como persona jurídica, junto a una decena de exdirectivos, entre ellos el expresidente del banco Francisco González. El banco recurrió hace más de un año la decisión de llevarle a juicio, si bien está pendiente, desde entonces, a que la Sala de lo Penal adopte una decisión al respecto.

Otras causas

A este panorama judicial y empresarial, por último, se añaden una serie de investigaciones que se encuentran en fases más tempranas, como la abierta al presidente de Sidenor (empresa que lidera el consorcio vasco que adquirió casi el 30% de Talgo), José Antonio Jainaga, por vender a una empresa israelí acero para fabricar armas, en plena masacre de Gaza. La discusión se centra en si esta operación debió estar sujeta a autorización del Gobierno. El máximo responsable de la siderúrgica, al que se atribuyen delitos de contrabando o complicidad con un delito de lesa humanidad o genocidio, declaró ante el juez el pasado noviembre y defendió que la empresa cumplió con la normativa.

También se encuentran en curso las pesquisas sobre un posible fraude fiscal cometido por el fondo CVC Capital Partners y su líder en España, Javier de Jaime, relacionado con los impuestos abonados y bonus adquiridos con la venta en 2016 de IDCSalud (Quirón). Se trata de un asunto que puede marcar un precedente, ya que entrará a valorar la práctica habitual del sector.