La electrificación en peligro

La intensa electrificación (vehículos, viviendas e industrias) que requiere el desarrollo económico del país está seriamente comprometida por la polémica regulación adoptada por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para el periodo 2026 -2031. La nueva normativa afecta decisivamente a los derechos de los consumidores residenciales y empresariales que son los que pagan el suministro eléctrico y asumen los riesgos por la falta de inversiones.

La metodología aprobada deja patente una profunda división interna en el seno de la CNMC, presidida por Cani Fernández Vicién, que ha sido frontalmente cuestionada por el Consejo de Estado. Las observaciones del supremo órgano consultivo del Gobierno de rango constitucional no han sido recogidas adecuadamente, según el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo, y los consejeros Josep Maria Salas Prat y María Jesús Martín Martínez. Resultan inquietantes las notables diferencias en el seno del regulador y “la grave falta de diálogo real con el sector”, según el vicepresidente.

Resultan esclarecedores los contenidos de los votos particulares presentados por los disidentes. Ángel García Castillejo sostiene que la circular sobre metodología “afecta de forma directa y decisiva al mayor o menor desarrollo económico, industrial y social de nuestro país, comprometiendo las inversiones y por tanto poniendo en riesgo la adecuada prestación del servicio a los usuarios, tanto industriales como residenciales en España”. Recuerda que “la distribución de electricidad es una actividad regulada. Su condición de monopolio natural hace que no se sujete a las reglas del libre mercado, sino que se someta a una intervención regulatoria especialmente intensa, tanto en la determinación de su retribución como en la definición de su régimen jurídico. De ahí la exigencia legal de retribución adecuada”.

Por su parte Josep Maria Salas asegura que “hoy en España, el derecho de acceso del consumidor al servicio esencial eléctrico está comprometido”. Advierte de que “el mayor riesgo económico para el consumidor se dará si se produce un desajuste entre una senda intensiva de inversión a la vez que un retraso o reducción del incremento de demanda previsible”. Concluye que la circular aprobada “nos aleja del mandato del regulador de posibilitar el desarrollo eficiente y eficaz del sector para dar respuesta a los retos que como sociedad tenemos planteados (que se realicen las inversiones necesarias para mejorar la calidad y seguridad de suministro, reducir las emisiones de CO2 y posibilitar un coste energético competitivo para ciudadanos y empresas en un contexto donde las redes se han convertido en una cuestión de seguridad nacional”.

María Jesús Martín señaló que para electrificar la economía era relevante que que el aumento esperado de inversiones estuviera estrechamente acompañado al crecimiento de la demanda “para evitar que el consumidor de electricidad-actual y futuro-, que es quien paga la retribución de las redes eléctricas a través de sus peajes de acceso, no se viera penalizado por un incremento de inversiones y un desarrollo de las redes desproporcionado e innecesario”.

Resulta increíble que el riesgo para la tan necesaria electrificación provengan del regulador. No todo vale contra la política industrial del Gobierno.