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La UE cobrará tres euros para los paquetes de bajo coste de Temu, Shein y AliExpress que entren en el mercado comunitario

La tasa estará vigente desde el 1 de julio de 2026 y castiga principalmente a las mercancías baratas compradas por internet procedentes de China

Los ministros de Economía de la UE han acordado este viernes imponer una tasa de tres euros a los paquetes de bajo coste que entren en el mercado único. Actualmente, los paquetes de menos de 150 euros están exentos de tributar en las aduanas, lo que ha disparado las compras de mercancías baratas a través del comercio electrónico. Pero esta situación acabará el 1 de julio del próximo año. La medida es provisional y estará en vigor “hasta que entre en aplicación el acuerdo sobre una solución permanente para eliminar el umbral de exención de derechos de aduana”, apuntan fuentes del Consejo de la UE. La medida afectará especialmente a las plataformas de comercio de productos baratos como Temu, Shein y AliExpress.

El paso dado este viernes perjudica principalmente a China. No es que la medida especifique que se impone esta tasa de tres euros a los paquetes de menor coste procedentes del gigante asiático. Pero la realidad es que más del 90% de los envíos de comercio electrónicos valorados por debajo de 150 euros que entran en la UE proceden de China. En 2024, el mercado comunitario recibió productos con estas características por un valor de 4.600 millones de euros, justo el doble que el año anterior. “Este crecimiento exponencial está ligado al crecimiento de minoristas chinos de comercio electrónico como Temu y Shein”, apuntaba un documento del Parlamento Europeo con fecha del pasado julio.

Ya en noviembre los ministros de Finanzas de la UE tomaron la decisión de acabar con esa exención que ha impulsado el comercio de pequeños paquetes. La puerta se abrió en 1980, peor no ha sido hasta que se ha desarrollado la compraventa electrónica que las autoridades europeas se han planteado cerrarla.

La iniciativa de dar este último paso partió en noviembre pasado de la propia Comisión Europea, cuyo responsable de Comercio, Maros Sefcovic, envió una carta a los Estados pidiendo que se pusieran de acuerdo para eliminar la exención arancelaria el año que viene. El movimiento encontró el respaldo del Ecofin, como se denomina al Consejo de la UE cuando se reúnen los ministros de Finanzas, ese mismo mes. El apoyo fue tal que, según contó la ministra danesa, Stephanie Losse, presidenta por turno del Consejo este semestre, esperaban tener una propuesta concreta del Ejecutivo para lograr algún tipo de mecanismo que permita acelerar la entrada en vigor de la medida.

El avance imparable del comercio electrónico por esta vía ha llevado a que en la UE en los últimos años se hayan puesto varias iniciativas parecidas sobre la mesa que se han cruzado y hasta yuxtapuesto. En 2023, por ejemplo, la Comisión Europea ya puso sobre la mesa acabar con esta exención. Para lanzar esta propuesta, el Ejecutivo de la UE encargó un informe a un grupo de expertos, que dirigió la exministra española Arancha González Laya, que calculó que la UE dejaba de recaudar cada año 1.500 millones por las importaciones de menos de 150 euros.

En teoría, esa tasa que planteó Bruselas hace ya dos años y medio no era tanto una tasa aduanera como una “tarifa de tramitación”, que en este momento se está debatiendo en el proceso legislativo de esa reforma de aduanas y que, además, se recoge en el próximo marco presupuestario plurianual de la UE. Es decir, si esta última “tarifa de tramitación” llega a ver la luz podría sumarse a los tres euros aprobados este viernes o a “la solución permanente”.

Fuentes del Consejo de la UE explican que el dinero que se recaude con estos tres euros irá al presupuesto común y no a las arcas de los Estados. No obstante, esa recaudación puede acabar reduciendo la aportación que los países a las arcas comunes. La Unión se financia con las aportaciones de los Estados y con una serie de impuestos europeos, los llamados recursos propios. Si por esta última vía entra más dinero, se reduce lo que tienen que poner los Gobiernos nacionales.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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