Yolanda Díaz acelera la ley para proteger a los denunciantes de corrupción en las empresas

La corrupción política vuelve a protagonizar la conversación pública. En los últimos meses, los casos que más espolean esta preocupación ciudadana son los que afectan al PSOE, con sus dos últimos exsecretarios de organización acusados de corrupción. También resuenan los nombres de las empresas presuntamente implicadas, como la constructora Acciona. En este contexto, el Ministerio de Trabajo da impulso a una normativa que interpela a este tipo de situaciones. El departamento que dirige Yolanda Díaz sacó este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que pretende proteger a los empleados en tales empresas, de manera que estén blindados si dan el paso de denunciar prácticas corruptas y tengan la garantía de no ser cesados por ello. Los despido por esta causa se considerarían nulos.

La propuesta de Díaz modificaría varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma nuclear que regula las relaciones laborales en España. Básicamente, en varios apartados que establecen escenarios de protección para el trabajador, se especifica que ese escudo debe llegar a “las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.

Entre las modificaciones, se plantea un cambio en el artículo 4, el que regula los derechos del trabajador. De prosperar la reforma normativa planteada por Díaz, el Estatuto reconocería el derecho del empleado a no ser discriminado, además de por las razones que ya se contemplan (estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual...), tampoco “con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.

La referencia a esa norma aprobada en 2023 es constante en el proyecto de Díaz, una ley que transpuso al ordenamiento español la directiva comunitaria al respecto. La misma ya establece una serie de obligaciones a las empresas para proteger a informantes (como la exigencia de habilitar canales de denuncia anónimos), en las que se profundizaría si el anteproyecto de ley en fase de información pública termina cristalizando en el Boletín Oficial del Estado. Cabe subrayar que las obligaciones derivadas de la ley de 2023 interpelan a las empresas con más de 50 empleados, mientras que las de este anteproyecto afectarían a todas las compañías.

La medida clave planteada por Trabajo es que la extinción de un contrato o el despido del empleado se declare nulo si está relacionado con la revelación de infracciones corporativas. Esto también se trasladaría a los periodos de prueba. Con el redactado que plantea Trabajo, la resolución de un contrato en uno de estos periodos sería “nula” si se da “con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación” que exponga prácticas corruptas en las compañía.

En la misma línea, se cierra el paso a “las órdenes de discriminar y las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia de las personas trabajadoras como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación o con ocasión de una revelación o presentación de información”.

El preámbulo del anteproyecto establece que “resulta necesario reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral, mediante la modificación de los preceptos correspondientes contenidos en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, pues el sistema quedaría enormemente debilitado si su respuesta se circunscribe a garantizar la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente”. Es decir, el ministerio considera que esta normativa ayudaría a proteger mejor a los empleados denunciantes y que, ante una acusación por corrupción, que la respuesta automática no sea un despido con la indemnización máxima.

Díaz ya avisó en octubre de que pretendía acelerar este cambio normativo. “Vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar lo que ha practicado el Partido Popular, para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Espero contar con el voto del PP que está tan preocupado por la corrupción”, dijo en el Senado al responder a una pregunta del principal grupo de la oposición en una sesión de control al Gobierno.

Al tratarse de un anteproyecto de ley, el éxito de la iniciativa exige el aval de la mayoría parlamentaria. El último cambio que Trabajo planteó en el Estatuto de los Trabajadores buscaba reducir la jornada laboral ordinaria de 40 horas semanales a 37 y media. El intento encalló ante el rechazo de PP, Vox y Junts.

El grupo catalán apoyó la investidura de Pedro Sánchez, pero dio por roto el acuerdo hace un mes tras una consulta a sus bases por una serie de “incumplimientos”. El jefe del Ejectuvo intentó este martes acercarse al grupo catalán impulsando algunas de esas medidas comprometidas, pero Junts contesta con desconfianza.