Hacienda inicia una oleada de regularizaciones en las estructuras que venden créditos fiscales a empresas e inversores

Hacienda ha intensificado en los últimos meses el control tributario y las regularizaciones sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), una figura jurídica desconocida para el gran público pero ampliamente utilizada en sectores como la investigación científica, la producción audiovisual o los espectáculos culturales y en vivo. El motivo de las inspecciones obedece a la proliferación de esquemas que utilizan estas entidades para trasladar créditos fiscales ―pérdidas que se pueden compensar en el momento de pagar impuestos― a empresas e inversores de forma abusiva, inflando artificialmente deducciones y generando rentabilidades desproporcionadas.

En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, publicado el pasado mes de marzo, la Agencia Tributaria ya avanzaba que la vigilancia sobre el uso tramposo de estos instrumentos sería uno de los ámbitos prioritarios de actuación. Ahora, ante el incremento de irregularidades detectado, eleva las intervenciones para intentar atajarlo.

Estas agrupaciones nacieron como instrumentos de colaboración entre varias compañías pensados para facilitar o mejorar conjuntamente el desarrollo de ciertas actividades. La idea era estimular mediante ventajas fiscales la investigación, el desarrollo e innovación (I+D+i), las producciones cinematográficas o las artes escénicas. Pero esa supuesta ventaja fiscal no puede aprovecharse en muchas ocasiones porque para ello es necesario generar beneficios, algo que en la AIE puede llevar años.

Ese vacío ha permitido que la función de muchas de estas agrupaciones se haya desplazado en la actualidad hacia un terreno muy distinto, llegando a convertirse “en vehículos que venden o trasladan créditos fiscales desde los contribuyentes que los generan, pero que no tienen capacidad para aprovecharlos, a otros contribuyentes que sí los pueden aprovechar, a cambio de un precio”, según explican fuentes de la Agencia Tributaria. Para ello, las empresas o inversores que buscan esos beneficios ponen dinero para participar en el proyecto, lo que les da derecho posteriormente a la parte correspondiente de créditos fiscales, que pueden utilizar para rebajar su factura con Hacienda.

Esto ocurre cuando varias empresas ―por ejemplo, investigadores o productores cinematográficos― generan incentivos tributarios que no pueden aprovechar por falta de beneficios suficientes, trasladándolos a otros contribuyentes con una alta factura fiscal que sí pueden sacarles partido. A cambio, quienes realizan materialmente esa actividad reciben un pago que les permite financiarse anticipadamente, mientras que los inversores obtienen un ahorro fiscal superior al dinero que han puesto para participar en el proyecto.

Ese mecanismo, con todo, es legal. El engaño detectado por la inspección fiscal consiste en aparentar que un proyecto cuesta más de lo que realmente vale para así generar una deducción mayor. Es decir, la AIE utiliza el importe inflado para repartir entre sus inversores créditos fiscales sobredimensionados, que luego monetizan en su declaración de impuestos.

La Agencia Tributaria ha detectado un crecimiento muy importante de las AIE en los últimos años. Y aunque muchas se mueven acorde con la ley, también se aprecia “un uso abusivo del esquema, probablemente motivado por la competencia entre los intermediarios que las comercializan para ofrecer a sus clientes las mayores rentabilidades posibles”, precisan fuentes del organismo.

La consecuencia directa del fraude es que se estarían utilizando fondos públicos ―ya que el beneficio fiscal redunda en una merma recaudatoria para la Hacienda pública― para ofrecer “elevadas rentabilidades financieras a sujetos de elevada capacidad económica y comisiones millonarias a ciertos intermediarios ajenos al ámbito de la actividad que se pretende incentivar”, sostienen en la agencia. Por eso, se han intensificado las regularizaciones con el objetivo de restringir la deducción y las bases imponibles negativas que se reconocen a las realmente generadas. Son actuaciones validadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central, añaden.

Créditos fiscales inflados

El uso abusivo de esta figura, alertan las mismas fuentes, ha hecho que sea frecuente encontrar estructuras en las que se llega a multiplicar por varias veces (incluso por 10) el importe de los créditos fiscales realmente generados por la actividad incentivada, “garantizando con ello elevadas comisiones para los estructuradores y otros intermediarios y rentabilidades desproporcionadas para los inversores”. En cerca de siete meses, estos últimos consiguen superar el 100% de lo aportado. Ello se consigue tanto con la simulación de gastos por parte de quien realiza materialmente la actividad, como con la inclusión de márgenes elevados por desarrollar una actividad pese a carecer de sentido económico.

También se han identificado supuestos, mucho menos frecuentes, en los que las actividades no se han realizado efectivamente o al menos no se han realizado a través de estas agrupaciones.

La Agencia Tributaria, por ello, ha detectado la existencia de una especie de “mercado” de AIE constituidas por estructuradores, como se denomina a los intermediarios que las comercializan. Estos buscan proyectos que financiar con el objeto de cobrar comisiones por poner en contacto a inversores con investigadores o con productores y promotores de cine o espectáculos escénicos en vivo.