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El Gobierno avala una mejora de los pagos a las compañías eléctricas por las redes

El Ejecutivo solicita tener en cuenta la electrificación y la descarbonización en las circulares de retribución, si bien evita convocar la Comisión de Cooperación con la CNMC para no abrir un frente con el regulador

Recta final para que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) apruebe las circulares de retribución a las redes, un concepto clave para las cuentas de resultados de las eléctricas que se cargará contra la factura de todos los consumidores en los próximos seis años (2026-2031). El trámite de elaboración de las circulares de metodología y tasa de retribución financiera de las líneas que hacen llegar la luz desde las plantas de generación a los hogares y puntos de consumo se encuentra actualmente en el Consejo de Estado, que tendrá que pronunciarse acerca de las mismas.

Con anterioridad, el Ministerio para la Transición Ecológica tuvo que elaborar un informe dando su parecer. Y en dicho documento remitido por la CNMC al propio Consejo de Estado, el departamento que lidera la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha incluido dos comentarios clave en los que avala una eventual mejora de la retribución, según confirman fuentes al tanto del mismo.

En primer lugar, el Gobierno pide que se tengan en cuenta las orientaciones de política energética y se fomente la descarbonización y la electrificación. En este sentido, señala que el regulador no ha introducido cuál es la retribución a las redes de gas para poder ver más claro cuánto se incentiva la electrificación buscada. Por otro lado, también solicita que las circulares sean sensibles a que ahora están vinculadas a la demanda de consumo, lo que implica un nivel de riesgo mayor a periodos anteriores que debe reconocerse en la retribución.

Pese a esas reflexiones, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha convocado la Comisión de Cooperación con la CNMC. Esta es una prerrogativa que tiene reconocida el Ejecutivo por ley en caso de que la Competencia elabore unas circulares que no cumplan con las orientaciones de política energética explicitadas por el Gobierno. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se limitan a señalar que “emitió unas orientaciones de política energética que buscaban proteger a los consumidores y, a la vez, incentivar la inversión en redes eléctricas”. “El Ministerio entiende que la CNMC ha hecho un esfuerzo en este sentido”, añaden fuentes del Gobierno.

Hasta ahora, la retribución a las redes ha sido uno de los principales focos de disputa entre reguladores y eléctricas en el último año. Las empresas creen que las propuestas de la CNMC no incentivan lo suficiente la inversión. El regulador, por su parte, considera que son adecuadas y que tiene que velar por añadir el menor coste posible a los consumidores. Entre medias, el Gobierno también busca evitar costes extra que limiten la competitividad del país y lastren el bolsillo de los españoles, pero también es consciente de que una cierta mejora puede permitir una mayor electrificación y de atracción de inversión ante el actual colapso de la red en España.

Sin consenso en el seno de la CNMC

La CNMC propuso elevar la Tasa de Retribución Financiera (TRF) del 5,58% al 6,46%. Esa primera propuesta fue elevada posteriormente hasta el 6,58%, una cifra que para las eléctricas sigue siendo escasa. Las fuentes consultadas señalan que varios consejeros han realizado votos discrepantes sobre la última propuesta aprobada a finales de octubre. Hay consejeros que piden elevar la retribución de las redes de distribución al nivel de la del transporte (Red Eléctrica), que es algo superior (cercana al 7%), y otros que se alinean más con las tesis del Gobierno de que se debe atender a la electrificación. La cuestión no es del todo unánime, ya que incluso hay un consejero que ha pedido bajar la retribución incluso más de la propuesta actual para que los consumidores paguen menos.

Ahora, fuentes empresariales confían en que el dictamen del Consejo de Estado pueda dar un impulso —aunque limitado— antes de que se remita de nuevo a la CNMC para su aprobación final, que tiene que llegar antes del 31 de diciembre de este año. Además, el informe del Gobierno llegó tarde al regulador respecto de la fecha prevista y no se pudo tener en cuenta antes de su última propuesta, lo que podría también diluir su eficacia.

En el sector señalan que las disputas ajenas a la retribución a las redes entre el Gobierno y las eléctricas ha podido hacer mella en el Ministerio para la Transición Ecológica, que finalmente ha desistido de elevar el pulso y convocar a la CNMC para que de más margen a la electrificación, clave para atraer proyectos industriales, centros de datos o incluso dar cobertura a las nuevas demandas de construcción de vivienda, mercado que está siendo uno de los principales problemas para la economía española por los elevados precios del alquiler y la compra.

En los últimos meses, las eléctricas han denunciado el informe que el Gobierno hizo sobre el apagón e incluso Iberdrola se plantea demandar a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, según publicó El Mundo. Además, han demandado al Ejecutivo por la tasa a Enresa que pagan las nucleares por la gestión de los residuos. También han ejercido presión con la prórroga de las plantas atómicas, una cuestión espinosa para el Gobierno por sus implicaciones políticas. Con este panorama, hay quien cree que Transición ha podido desistir de elevar el pulso por las redes.

De hecho, hay incluso ejecutivos de las eléctricas que respiraron aliviados el pasado jueves después de que decayera la enmienda del PP para modificar normas que afectan al calendario de cierre nuclear actual. Creen, añaden las fuentes al tanto de las conversaciones, que así se evita castigar más al Gobierno cuando el debate más apremiante que tienen encima de la mesa es el de la retribución a las redes.

Las circulares no tienen la misma afectación para unas compañías que para otras propietarias de la red, por lo que las negociaciones afectan de forma dispar. Iberdrola y EDP son empresas ya muy internacionalizadas y la base de sus activos en España, y en concreto de sus redes, pesa mucho menos que para Endesa, cuyo radio de acción se limita a España y Portugal. Para Naturgy, la cuestión es aún más complicada, ya que dispone de la gran mayoría de las redes de gas en España, cuya retribución también está negociando la CNMC y entrará en vigor un año más tarde.

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