Malasia se arma con información bancaria confidencial para demandar al árbitro del caso del sultán de Joló y los abogados de los herederos
La petrolera Petronas pide en Nueva York las transferencias realizadas por el fondo que financia el litigio a Gonzalo Stampa, que condenó al estado asiático a pagar más de 13.000 millones


La disputa legal que rodea a un contrato del siglo XIX firmado por el entonces sultán de Joló con unos comerciantes británicos tiene una nueva derivada. La petrolera estatal de Malasia, Petronas, tiene intención de reclamar daños y perjuicios al árbitro que condenó al país a indemnizar con 14.920 millones de dólares (casi 13.000 millones de euros, al cambio) a los descendientes del exdirigente asiático, así como a sus abogados españoles. Para armar sus próximas demandas, que plantearán tanto en España como en Luxemburgo, la compañía malasia ha buscado el respaldo de la justicia estadounidense para requerir información a una decena de bancos con el objetivo de hallar datos que sustenten sus acusaciones. En este sentido, la empresa pública quiere averiguar si el fondo de litigación Therium Capital Management, que ha financiado este arbitraje considerado uno de los más caros de la historia, pagó al árbitro para seguir resolviendo el conflicto después de que su nombramiento fuera anulado.
Petronas entra en juego en este asunto cuando ocho ciudadanos filipinos, herederos de Mohammed Jamalul Alam, solicitaron a la justicia de Luxemburgo el embargo preventivo de las cuentas bancarias de dos de sus filiales, Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) y Petronas South Caucaus, como forma de asegurar la indemnización reconocida en el laudo final dictado en mayo de 2022 por el árbitro Gonzalo Stampa, mientras se discute su posible ejecución. Así, la información bancaria fue solicitada justo dos años después por estas dos sociedades vinculadas a proyectos en el Mar Caspio.
El juez Alvin K. Hellerstein dio luz verde el 11 de julio de 2024, de acuerdo al expediente judicial consultado por CincoDías, y en virtud de esta autorización se han realizado diversas notificaciones al fondo británico y su matriz Evergreen, que ha sufragado el pleito con la aportación de, al menos, 20 millones de dólares, según informó Reuters; así como a Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Unicredit, Deutsche Bank, HSBC, Citibank, JP Morgan Chase y The Bank of New York Mellon, solicitando información sobre las transferencias de dinero entre el Grupo Therium y el árbitro Gonzalo Stampa.
Como complemento, la petrolera también ha requerido las “comunicaciones no privilegiadas” entre la firma de inversión, el jurista, los demandantes y sus abogados, además de los documentos que reflejen “el nivel de control y dirección” que Therium ha tenido en la ofensiva legal de los herederos y en el bloqueo de activos. No obstante, la banca ha alertado sobre el peligro de filtraciones o uso de estos datos fuera de los procesos civiles y penales que Petronas quiere iniciar en España y Luxemburgo. Por ello, la petrolera, junto a CaixaBank, ha pedido al juez que dicte una “orden de protección” para declarar confidenciales todos los documentos, según un escrito presentado el pasado 2 de julio.
Polémica alrededor del caso
El laudo sobre caso del sultán de Joló ha estado rodeado de cierta polémica, debido a la nulidad de la designación de Stampa como encargado de resolver el conflicto. En un principio, se decidió que Madrid fuera la sede del arbitraje, ya que el territorio de Joló, unas isla al suroeste de Filipinas (en la actualidad se encuentra en Borneo Oriental, perteneciente a Malasia), tuvo influencia española en el siglo XVIII durante el dominio de esas tierras. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) designó en 2019 a Stampa para resolver la demanda que los descendientes del sultán plantearon contra Malasia por el impago de un contrato de arrendamiento de recursos naturales firmado en 1878. No obstante, dos años después, el nombramiento del árbitro fue anulado, tras admitir la queja de Kuala Lumpur por indefensión al notificarles incorrectamente la demanda.
Sin embargo, Stampa siguió adelante con su labor y trasladó la sede del conflicto a París, desde donde dictó el laudo multimillonario, cuyo importe equivale al 16% del presupuesto anual de Malasia. La validez de este fallo está todavía pendiente de reconocerse. Por un lado, la justicia francesa y neerlandesa concluyeron que no existía una cláusula válida que permitiera resolver cualquier discrepancia sobre el contrato de arrendamiento mediante un arbitraje. Pero aún falta que la Corte de Apelaciones de París dicte la sentencia que determinará finalmente la legalidad de dicha resolución y que marcará el futuro del caso.
Por otro lado, los tribunales españoles, primero un juzgado de primera instancia (en diciembre de 2023) y después en apelación la Audiencia de Madrid (en mayo 2024), han condenado a Gonzalo Stampa a seis meses de prisión y un año de inhabilitación por desobediencia, al seguir adelante con el arbitraje. El Tribunal Supremo confirmó la condena al jurista a mediados de este mes de octubre, al considerar que era conocedor de la decisión del TSJM y que tenía que haber cesado en cumplimiento de dicho mandato.
Compensación de pérdidas
La petición de Petronas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de descubrimiento de información se planteó tras conocer la sentencia de la Audiencia de Madrid, a lo que se sumaron los pronunciamientos judiciales de Francia y Países Bajos. La petrolera aseguró que el hecho de haber mantenido vivo el arbitraje le ha causado numerosas pérdidas que deben ser recompensadas. Por ello, quiere recabar todas las pruebas posibles para acusar a Stampa y a los abogados de los demandantes filipinos de haber actuado con negligencia deliberada.
De hecho, las filiales de la petrolera también afean que la disputa se haya valorado en cerca de 15.000 millones de dólares, según el laudo firmado por Stampa, cuando el contrato de arrendamiento de hace 147 años se firmó por una cuota anual de 5.000 ringgit, que en la época de la presentación del escrito ante los tribunales de Nueva York equivalía a 1.050 dólares. “Es difícil entender cómo una causa de acción basada en un pago anual de 1.050 dólares estadounidenses podría dar lugar a un laudo definitivo de 14.920 millones de dólares estadounidenses”, señala Petronas.
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