El Gobierno ficha a Garrigues y otros despachos para ejecutar operaciones millonarias de la ‘SEPI Digital’

El Gobierno acelera para poder ejecutar hasta 16.000 millones de fondos públicos que pretende inyectar en empresas tecnológicas españolas, claves para la economía del futuro en España.

Para este fin, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha contratado por trámite urgencia a cuatro despachos destacados en el ámbito de los negocios y la empresa como J&A Garrigues, Gómez-Acebo y Pombo, Ramón y Cajal Abogados y Auren Legal para una tarea que considera “inaplazable”.

El acuerdo marco, cuyo coste se eleva por encima de los 1,6 millones de euros, pretende movilizar hasta 60 abogados de estos cuatro bufetes para que asesoren a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida popularmente como la ‘SEPI Digital’. Según señalan fuentes al tanto de su situación, dicha contratación se debe a que de forma inminente van a ejecuar operaciones de una elevada magnitud, para lo que necesitan asesores expertos en este tipo de inversiones.

La SETT advierte, según consta en documentación consultada por este medio, que la adenda de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia deben estar completamente implementados antes del 31 de agosto de 2026, razón que le lleva a agilizar este proceso.

Justifica dicha urgencia “teniendo en cuenta el plazo final de implementación de las medidas, la falta de medios personales y el elevado importe previsto para realizar las inversiones que requieren de un análisis de las inversiones a realizar”. “Las Secretarías de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la de Digitalización e Inteligencia Artificial tienen que aprobar las correspondientes resoluciones para que SETT pueda implementar la inversión”, añade.

El Gobierno califica esta tarea de “inaplazable”, dado que se espera una “previsión de un importante número de solicitudes de coinversión o de préstamo, que no es posible concretar o aproximar a un número determinado”, contiene una “especial complejidad financiera y jurídica de las operaciones” que serán por “importes elevados de inversión por parte de la SETT” y que requieren de la “necesidad de cumplir escrupulosamente las condiciones legales”.

“En la actualidad, Ineco está prestando servicios de soporte temporal en los ámbitos económico y legal, de relaciones institucionales y tecnológico en este ámbito. Sin embargo, este soporte legal no es suficiente para afrontar las operaciones de inversión que SETT debe realizar que exigen una especialización en la materia”, explica la sociedad pública.

El objetivo es que los abogados den servicios de apoyo externo en la verificación de la concurrencia de los requisitos de elegibilidad y el asesoramiento en el cierre, seguimiento y control de operaciones. Para ello, Transformación Digital exige que de los 15 abogados que aporte cada despacho al menos siete sean especialistas y estén coordinados por un profesional con categoría de socio. El despacho cobrará entre 15.000 euros y 35.000 euros por operación asesorada (alrededor de un 0,1% del importe de la transacción).

La cuestión no es baladí. Las empresas españolas se está jugando 10.750 millones de ayudas comunitarias incluidas dentro del Perte Chip, un instrumento clave de cara a desarrollar una industria de semiconductores y microelectrónica, tecnología estratégica para el desarrollo digital.

Además, la SETT también debe canalizar otros 3.300 millones de euros con los que está dotado el Fondo Next Tech, un instrumento de financiación que tiene por fin, según explica la propia SETT, “incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en los sectores estratégicos de España vinculados a la transición digital y desarrollar los mercados de capitales en este ámbito”.

Por último, en este plan también están incluidos 1.750 millones de euros para el Spain Audiovisual Hub. “Esta inversión tiene como objetivo mejorar la competitividad y resiliencia del tejido empresarial y creativo del sector audiovisual, así como promover su internacionalización y atraer inversión extranjera”, señala la sociedad dependiente del departamento que lidera el ministro Óscar López.

La SETT puede tanto dar préstamos a las empresas que requieran estas ayudas como participar directa o indirectamente en su capital, como ya está haciendo en algunas compañías tecnológicas como Multiverse, Quantix, Sparc, Wooptix, el fondo español Culture CAP7, o el fondo portugués Armilar. Pero las cantidades desembolsadas en estos proyectos son modestas. El pasado mes de marzo solo había movilizado 330,5 millones y el tiempo apremia y las operaciones que vienen son de tamaño superior.

Para ello, los despachos de abogados deberán visar que todas estas inversiones cumplen tanto con la normativa comunitaria como con la legislación española. El principal problema de los fondos europeos Next Generation es la difícil implementación en tiempo y forma, según fuentes del sector. Bruselas se mostró muy celoso de que dichos desembolsos llegaran a buen puerto y reforzó los controles. Pero, por el camino, la burocracia está impidiendo que se pueda desplegar el 100% de las capacidades. La cuestión es estratégica, ya que estos fondos están impulsando en parte la economía española, dado que cubren parte de la inversión que aún no llega a algunos sectores emergentes de fondos privados, cuya rentabilidad es incierta.

No es la primera vez que distintas administraciones públicas se ven obligadas a tirar de agentes del sector privado como abogados o consultoras con el objetivo de ejecutar todos los fondos que llegan, dado que la avalancha de trabajo es tal que resulta inabarcable para los medios con los que cuentan algunas instituciones.