Díaz quiere eliminar la “discriminación” de las mujeres desempleadas que reciben una pensión alimenticia

El tope máximo y mínimo de las prestaciones por desempleo varía en función de la composición del núcleo familiar. La cifra cambia dependiendo de cuántos menores de 26 años (o mayores de esta edad con discapacidad) estén a cargo de quien recibe la prestación y de las rentas que estos perciben. Entre esas rentas a veces hay pensiones alimenticias, la prestación que se paga en caso de divorcio al progenitor a cargo del menor. Normalmente esa persona es una mujer, así que esas pensiones tienden a alejarlas del tope en la prestación contributiva por hijo a cargo. Yolanda Díaz ha anunciado este martes en el Senado que pretende revertir esta “discriminación” a través de una reforma legislativa, de manera que las pensiones de alimentos dejen de computar en este cálculo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha reconocido que hay una “penalización” a las mujeres que perciben la prestación por desempleo y la pensión de alimentos. “Sufren una discriminación indirecta. Vamos a emprender ya la reforma legislativa. Espero que nos acompañen en esta modificación”, ha reclamado Díaz al PP en el Senado, en una respuesta a las críticas populares por los problemas que afrontan las oficinas del Servicio Publico de Empleo Estatal.

El departamento de Díaz ha precisado después la propuesta: “Las pensiones de alimentos, que las reciben generalmente las mujeres, dejarán de computar a efectos de que las mujeres puedan cobrar el tope de la prestación contributiva que le corresponda por hijo a cargo, independientemente de que este hijo cobre o no la pensión de alimentos”. Esta reforma afectaría a las prestaciones contributivas, las que se generan mediante cotizaciones, y no al subsidio por desempleo, el que se percibe en determinadas circunstancias cuando se agotan las primeras.

Para que este proyecto salga adelante necesitará el aval del legislativo. Hace un mes que el Congreso tumbó la reforma estrella de la legislatura que planteaba Trabajo, la reducción de jornada a 37 horas y media, pero sí dio el visto bueno a la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados a 19 semanas.

El ministerio viene centrando su acción en las últimas semanas en políticas que puede sacar adelante por decreto. La más avanzada es el refuerzo del registro horario, que ya pasó la fase de consulta pública y ha aprobado en Consejo de Ministros darle carácter de urgencia, pero aún no se ha concretado en un texto articulado. El ministerio espera que el cambio entre en funcionamiento en los primeros compases de 2026: plantea un sistema interoperable accesible por Inspección y que sea obligatoriamente digital.

La otra medida en el horizonte que puede aprobar sin respaldo del Congreso es el incremento del salario mínimo interprofesional. La semana pasada Díaz presentó al comité de expertos que recomendará una nueva subida, con el encargo de que el nuevo suelo salarial se ajuste con el 60% del salario medio neto. Además, la vicepresidenta segunda ha reclamado a los expertos que recomienden una cifra con la que se llegue a ese objetivo tributando y otra sin tributar, anticipándose al habitual rifirrafe con Hacienda por esta cuestión. Díaz dice que prefiere que no tribute, pero con este paso se prepara ante la posibilidad de que María Jesús Montero plantee que el SMI aporte al IRPF, como ya ha defendido su departamento los últimos años.

Problemas en el SEPE

“Usted es muy mala ministra y muy mala empleadora con los funcionarios del SEPE”, ha achacado la senadora del PP Teresa Ruiz a Díaz, según recoge Servimedia. “Las oficinas del SEPE están colapsadas, son un caos, y le voy a pedir, por favor, que se quite las anteojeras de su ideología para solucionar los problemas. Falta de plantilla, fiasco en la aplicación Alma, que ha costado 20 millones de euros, y problemas con la cita previa”, ha añadido Ruiz. También denunció la dificultad para conseguir una cita en el SEPE y que hay casos en los que se ha detectado que se venden huecos de agenda por entre 15 y 35 euros. “¿Qué investigación interna ha mandado usted realizar para parar esta situación? Porque sigue ocurriendo”. Díaz ha reconocido que esto ha sucedido en algunos casos y anunció que “hay detenidos” por estas prácticas.

Además, la vicepresidenta segunda ha defendido el funcionamiento del SEPE: “No es verdad. Niego la mayor y digo rotundamente aquí hoy que en el SEPE no hay colapso”. Ha enumerado diez “recortes” que aplicó el PP en el SEPE y en las políticas de protección de los desempleados y calificó de “broma” que sea el principal partido de la oposición el que con su historial acuse a este Gobierno de aplicar ajustes en el SEPE.