La CNMC pide más fondos para el control de servicios digitales y medios de comunicación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido más fondos para hacerse cargo de las nuevas atribuciones que le ha asignado el Gobierno en el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado julio para su tramitación parlamentaria.

En un informe sobre el anteproyecto, el organismo regulador asegura que en líneas generales, no detecta en la futura norma restricciones injustificadas a la competencia, y valora “positivamente su designación como coordinador de servicios digitales y autoridad de supervisión de los medios de comunicación”. No obstante, advierte de carencias en la atribución de medios organizativos y personales para llevar a cabo estas nuevas funciones, y pone de manifiesto la importancia de articular mecanismos que la garanticen.

El informe señala que la creación de dos nuevas direcciones que tendrá que poner en marcha y la actualización de una subdirección ya existente (Asesoría Jurídica) supondrá un coste total anual en términos retributivos que cifra en 2,23 millones de euros. En concreto, la Dirección de Servicios Digitales, con tres nuevas subdirecciones y 17 nuevos puestos conllevará un coste por ejercicio de 695.866 euros, mientras que la Dirección de Medios de Comunicación, con cuatro nuevas subdirecciones y 32 nuevos puestos, supondrá 1,53 millones de euros. El refuerzo del área de Asesoría Jurídica obligará a un desembolso de casi 9.000 euros.

Registro de medios

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, aprobó a finales de julio pasado este proyecto de ley que contempla la creación del registro estatal de medios de comunicación, dependiente de la CNMC. Tras su remisión a las Cortes deberá ser aprobado por los grupos políticos para su entrada en vigor.

El proyecto contempla la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la CNMC, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.

La CNMC velará por que los proveedores de servicios digitales cumplan con el Reglamento Europeo de servicios digitales. La normativa comunitaria contempla obligaciones como establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos; aumentar la transparencia en torno a los parámetros utilizados en sus sistemas de recomendación y en la publicidad presente en sus plataformas; proteger a los consumidores cuando realizan contratos online; y establecer medidas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores.

La futura norma establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que alcanzan hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.