El Gobierno esconde cuánto invierte el Estado en las comunidades mientras avanza en los acuerdos fiscales con Cataluña

El mapa de la financiación territorial en España promete reconfigurarse tras la condonación por parte del Estado de una porción de la deuda autonómica. El Gobierno prevé elevar al Consejo de Ministros la medida, pactada hace años entre el PSOE y ERC, en el arranque de este septiembre, con la idea de aprobarla en las Cortes antes de fin de año. La quita, además de a Cataluña, beneficiará a todas las comunidades que lo soliciten. Sin embargo, aquellas gobernadas por el PP han cargado contra ella por haberse diseñado, denuncian, a placer de la Generalitat. Todo apunta a que la quita embarrará un terreno ya marcado por tensiones históricas y por una creciente falta de transparencia. Porque al mismo tiempo que se negocian condonaciones y modelos singulares de financiación, los ciudadanos desconocen desde hace casi dos años cuánto invierte realmente el Estado en cada comunidad.

Carreteras, museos, instalaciones de defensa, centros de investigación… El detalle de estas inversiones dejó de publicarse en 2022, cuando Hacienda retiró del plan nacional el informe que las desglosaba y que durante más de una década estuvo disponible en su web. Hoy solo el Congreso puede acceder a esa información, que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sigue manejando en cumplimiento del artículo 135 de la Ley General Presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda asegura que la IGAE mantiene la elaboración del informe y que este se remite a la cámara baja, al igual que confirman otras fuentes de la Administración central. Pero no ofrece explicaciones sobre la interrupción de la publicación, que fue suspendida tras casi 15 años. Tampoco el Instituto Nacional de Estadística (INE), que elabora el borrador del Plan Nacional de Estadística junto con los departamentos ministeriales, da una respuesta al respecto. Se limita a recordar que son los organismos encargados de elaborar cada informe los responsables de los mismos.

La IGAE, adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de supervisar la actividad económica y financiera del sector público estatal, empezó a confeccionar y publicar la estadística de Distribución territorial de la inversión del Sector Público Estatal —este es su nombre oficial— en 2009. La información que contenía se convertía puntualmente en foco de polémica, sobre todo a cuenta de cuánto gasta el Estado en los dos motores económicos del país: Madrid y Cataluña.

La región de la capital suele salir bien parada en la foto; en Cataluña, al contrario, el gasto real del Estado es habitualmente inferior al presupuestado. Hacia esta instantánea también apuntaba el último informe de inversión estatal territorializada de un ejercicio competo publicado por Hacienda, relativo al año 2021 y divulgado en octubre del año siguiente. Cataluña habría acaparado el 9% de las inversiones regionalizables del Estado, lejos del umbral que determina su Estatut, que establece que la aportación debe ser equivalente al peso de la autonomía en el PIB nacional, que ronda el 19%. La Comunidad de Madrid, en cambio, concentró el 25% cuando su PIB es de algo menos del 20%. La brecha también se puede ver en términos de ejecución: en Cataluña se terminó gastando el 36% del volumen previsto, mientras que en Madrid se inyectó más de lo presupuestado inicialmente (la ratio llegó al 184%).

La situación fue parecida en el primer semestre de 2024. Aunque el ministerio de María Jesús Montero ya no cuelga la estadística en su web, en abril de este año se produjo una filtración. Los datos existen porque la ley que crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, en su artículo 4, establece que el Gobierno debe remitirle un informe semestral sobre el grado de ejecución de la inversión real del sector público estatal. Y al hacerse públicos provocaron la reacción de los partidos independentistas catalanes, que lamentaron la escasa asignación y ejecución de recursos estatales en su territorio. Según el informe, que adelantó la cadena pública catalana TV3, la inversión destinada a Cataluña alcanzaba el 9,8% del total de inversiones regionalizables.

La estadística, de hecho, venía como anillo al dedo para alimentar la tesis sobre el millonario déficit fiscal que denuncian las formaciones independentistas catalanas: aseguran que el maltrato económico que recibe la comunidad por parte del Estado en términos acumulados de financiación autonómica, inversiones y otras partidas de gasto territorializadas supera los 20.000 millones de euros.

Ese ha sido uno de los argumentos de algunos partidos catalanes para exigir la quita de deuda y un trato fiscal diferenciado, con mayor autonomía para Cataluña. Es un debate que arde desde hace tiempo y ha cristalizado en el reciente acuerdo entre ERC y el PSOE para dotar a la comunidad de una financiación singular. A falta de conocer todos los detalles del pacto, que fue clave para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el acuerdo dibuja un modelo más parecido al régimen foral que rige en el País Vasco y Navarra que al sistema común donde estás ahora integradas el resto de las autonomías.

El acuerdo ha puesto en pie de guerra a la oposición, ha levantado recelos en el resto del territorio y ha causado las críticas de buena parte del mundo académico. Uno de los argumentos más repetidos es el temor a que el acuerdo se traduzca una desintegración de la caja común. Cataluña es una de las comunidades más ricas del país, y su eventual salida del sistema restaría un pedazo fundamental al modelo de financiación autonómico, pendiente de reforma desde hace más de una década y ya de por sí cargado de tensiones.

Nuevo informe de Transportes

No es la primera vez que una estadística oficial desaparece del mapa: el Plan Estadístico Nacional (PEN) no es monolítico y está sujeto a revisiones anuales. La norma que lo regula —la Ley de la Función Estadística Pública— asigna al INE y a los servicios estadísticos de los distintos ministerios el encargo de elaborar el borrador del proyecto del PEN. Este se aprueba después por real decreto y se desarrolla mediante programas anuales, también validados vía decreto.

La estadística de inversión territorializada fue dada de baja del PEN correspondiente al periodo 2021-2024 mediante el decreto que determina el programa anual de 2024. Antes aparecía como una de las numerosas estadísticas que elabora la IGAE, responsable de confeccionar una larga serie de informes inherentes a las finanzas públicas, entre ellos las Cuentas de las Administraciones Públicas o la Ejecución Mensual de los Presupuestos de Organismos Públicos.

En la misma fecha —y decreto— que desaparece la estadística de la IGAE sobre inversión territorializada hizo su debut un nuevo informe: la Distribución Territorial de la Inversión del Grupo MITRAMS, elaborada por el Ministerio de Transportes. Esta estadística recoge la inversión regionalizable del ministerio y sus organismos y empresas públicas, como Adif y Renfe, que acaparan una parte muy relevante del total de inversiones territorializadas. Sin embargo, además de no incorporar la información de otros departamentos, el informe es menos detallado del que publicaba la Intervención General del Estado, y solo se difunde una vez al año en lugar que cada semestre.

A preguntas de este periódico, el ministerio dirigido por Óscar Puente afirma desconocer las razones por las cuales se ha dejado de difundir la estadística de inversión territorializada y por qué la pelota ha pasado al tejado de Transportes, aunque solo por la parte que le compete. De acuerdo con los últimos datos publicados, las inversiones ejecutadas por este departamento y sus organismos en Cataluña ascendieron a 961 millones al cierre de 2023, el segundo importe más elevado, por detrás de los 1.328 millones de Madrid. El Ministerio de Economía, el departamento que firma el decreto que aprueba el Plan Estadístico Nacional y sus programas anuales, tampoco da explicaciones sobre la suspensión de la publicación de Hacienda.